Salimos a las calles hoy a recuperar la dignidad arrebatada por el Estado más no para festejar. Salimos para recordarle a este gobierno que encabeza Andrés Manuel López Obrador que se le olvidó que hay derechos y libertades de la mujer por reivindicar porque la dignidad es lo que hoy nos mueve, exclamó Ana María Alonso, dirigente de la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas en la Alcaldía Milpa Alta, en la Ciudad de México.
A nombre de 75 mil mujeres campesinas agrupadas en la UNTA que se movilizarán en cada estado y municipio de la República Mexicana, expresó: “la mujer campesina, sale del campo y viene a la ciudad para que al Gobierno no se le olvide que tiene un compromiso y una responsabilidad con quienes lo llevamos al poder y quienes creímos en él y nos traicionó”.
Por ello le exigimos al Presidente Andrés Manuel López Obrador “permita gobernar a las mujeres las zonas del campo, no más caciques, no más invasión de tierras, no más indefensión, no más discriminación”.
El 60% de las mujeres rurales enfrenta pobreza por ingresos y, en el caso de las indígenas, es 62 por ciento. Para las urbanas, el porcentaje es de 59 por ciento.
Asimismo, destacó que en el sector rural las mujeres hacen mucho más trabajo no remunerado que los hombres. Hasta 22 horas más, semanalmente. Expuso que una desventaja estructural se observa en la tenencia de la tierra, pues sólo 21% de ejidatarios y 25% de comuneros son mujeres.
La dirigente de la UNTA en Milpa Alta, afirmó que la mujer levanta la mirada para ver que sus hombres no hayan respuesta para la compra de semillas, abono y que la aridez de los suelos apenas si dan para el forraje de los animales, que con un poco de suerte lograrán tener crías este año porque no se ve una luz de esperanza, porque hay que buscar qué comer, hay que salir a la calle a vender y ante la falta de un comercio favorable, retornamos al trueque, cambiando carne por granos, por ropa. Servicios por despensas.
Ana María Alonso recriminó al Gobierno no impulsar los derechos humanos de las mujeres. Exigió que quienes estén al frente del Gobierno Federal y Local tengan la experiencia y no solo por ser amigos y cómplices de quien gobierna tengan un cargo como pasa en la ciudad que llevan gobernándola, PRD y MORENA 20 años mientras el campo de la CDMX casi llega al exterminio.
En ese sentido, dijo que exigirán un fondo de desarrollo para la mujer campesina porque se les olvidó que nuestros derechos también son humanos.
Crearemos un reto para el Gobierno a fin de que transforme política y socialmente las zonas rurales, que rompa esquemas y sean creativos para tener un panorama verde y productivo para esta ciudad.
“Señor Presidente, Andrés Manuel López Obrador, es nuestro derecho tener un trabajo digno, que profesionalice a la mujer rural, pues ésta no es la base de las tareas domésticas de los más afortunados; que en esta época de elecciones y cargos públicos, se aplique la ley para aquellos que quieren permanecer en el poder”, reclamó la dirigente femenil.
En México, de los 61.5 millones de mujeres, 23 por ciento habitan en localidades rurales. También representan el 34 por ciento de la fuerza laboral, por lo que esta población es responsable de más del 50 por ciento de la producción de alimentos.
Sin embargo, es una realidad que las mujeres y niñas rurales enfrentan particularidades y mayores obstáculos para ejercer sus derechos. Esto significa que las vidas de poco más de 10 millones de mujeres están determinadas por un territorio, condicionamientos culturales y redes de dependencia de producción y supervivencia radicalmente diferentes a las mujeres que viven en zonas urbanas, expuso.
Mencionó que de acuerdo con datos del Registro Agrario Nacional, del padrón de 4.9 millones de personas que poseen núcleos agrarios en todo el país, más de 3.6 millones son hombres. En otras palabras, de cada 10 personas con derechos sobre la tierra, ni siquiera tres son mujeres.
Al no ser propietarias de la tierra, las mujeres no pueden recibir apoyos de programas de equipamiento, de infraestructura; tampoco créditos o apoyos económicos por pago de servicios ambientales.
