Las funciones que realiza el Gobierno del Estado no pueden paralizarse durante los procesos electorales ya que son primordiales para el desarrollo de la entidad y benefician a las y los zacatecanos, dijo Gabriela Alejandra Rodríguez Rodríguez, titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP).
Derivado de lo anterior, añadió, la administración encabezada por Alejandro Tello implementó el Blindaje Electoral como una herramienta cuyo objetivo es impedir que actores ajenos incidan en los comicios.
Recordó que a partir del 4 de abril inicia la veda electoral, lo que deriva en una temporalidad en la cual se prohíbe difundir propaganda gubernamental en cualquiera de sus niveles. Sin embargo, ésta no se considera impedimento para continuar con la prestación de los servicios y la accesibilidad de la información, siempre y cuando no incluya nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de servidores públicos.
Por tal motivo, el Gobierno del Estado, a través de la SFP, desarrolló la “Guía del servidor público elecciones federal y local 2020-2021”, en la cual se especifica qué puede hacer y qué no un funcionario público durante la contienda electoral.
Lo anterior, con la finalidad de que no se utilicen recursos públicos con fines distintos, ni que los funcionarios aprovechen la posición en que se encuentran para que de manera explícita o implícita hagan promoción para sí o de un tercero.
Asimismo, la guía, que puede ser consultada en https://funcionpublica.zacatecas.gob.mx/blindaje-electoral, específica que las excepciones cuya difusión está permitida constitucionalmente son: educación, salud, protección civil, promoción turística, campañas de difusión de los derechos de acceso a la información pública y protección de datos personales, educación vial, cultura, cuidado del agua y mensajes de autoridades electorales.
En ese sentido, la Secretaria de la Función Pública invitó a la ciudadanía para que denuncie, en la SFP o en la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (FEPADE), si son víctimas o testigos de cualquier acto de corrupción o de condicionamiento de servicios o programas sociales.
