Ciudad de México.- La senadora Geovanna Bañuelos de la Torre urgió a Petróleos Mexicanos, a la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana y a la Unidad de Inteligencia Financiera investigar sobre la posible colusión u omisión de servidores públicos que consienten la ordeña de los ductos de Pemex; así como identificar a las empresas que compran y comercializan combustible robado, con el objetivo de castigar a los culpables del saqueo a la Nación.
“En el Grupo Parlamentario del Partido del trabajo consideramos necesario redoblar los esfuerzos para acabar con el saqueo de combustibles desde el interior de la paraestatal. Necesitamos que el combate a este ilícito se a través de diversos frentes”, aseveró.
Mediante un punto de acuerdo presentado al Senado de la República, la coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo solicitó a la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana a través de la Guardia Nacional, intensifique las labores de vigilancia sobre la infraestructura de Pemex, tanto en las plantas de almacenamiento, plataformas petroleras en alta mar, así como en los oleoductos para el traslado de combustible.
Geovanna Bañuelos lamentó que pese a la estrategia del Gobierno Federal para combatir el huachicol, que ha permitido reducir 17% el volumen diario de robo de combustible, esta práctica continúe siendo un severo daño para la paraestatal.
Informó que el pasado 1 de abril, el reporte de un fuerte olor a combustible en parte del Túnel Emisor Oriente en Ecatepec, Estado de México, permitió que el gobierno federal descubriera dos predios que almacenaban «cantidades industriales» de combustible robado de ductos de Petróleos Mexicanos, en cientos de contenedores de mil litros y tomas clandestinas que han operado durante varios años en los kilómetros 290 a 295 del ducto Tuxpan-Azcapotzalco.
Lamentablemente, dijo, el hallazgo de cantidades industriales de combustible robado muestra que la complicidad de trabajadores de Pemex es una condición necesaria para la ordeña de los ductos.
Por ello, llamó a las autoridades correspondientes a investigar y deslindar responsabilidades sobre la posible colusión u omisión de servidores públicos en la ordeña de los ductos de la paraestatal; así como identificar a las empresas que compran y comercializan combustible robado.
El punto de acuerdo fue turna a la Comisión de Energía para su análisis y posterior dictamen.
