58 instituciones públicas aún incumplen con sus obligaciones de transparencia del primer trimestre de 2021, entre las cuales destacan el Ayuntamiento de Florencia de Benito Juárez y el Sindicato Único de Personal Académico y Administrativo de la Universidad Politécnica de Zacatecas, quienes cuentan con el cero por ciento de la información pública que les corresponde publicar.
Así lo informaron en sesión ordinaria de Pleno, los comisionados Fabiola Torres Rodríguez, Nubia Barrios Escamilla y Samuel Montoya Álvarez al dar a conocer los resultados de la tercera fase de la verificación vinculante a la Plataforma Nacional de Transparencia, y con ello instruyeron a que se inicie la elaboración de medidas de apremio para quienes no solventaron las observaciones detectadas en sus portales de obligaciones de transparencia.
Entre los incumplidos, mencionó la Comisionada Presidenta Fabiola Torres Rodríguez, se encuentran algunos sujetos obligados que están aún por debajo del 60% de la información que les mandata la ley.
Es el caso del Instituto Tecnológico Superior Zacatecas Sur Tlaltenango, los municipios de Noria de Ángeles, Genaro Codina, Ojocaliente, Mazapil, Jiménez del Teúl, Villa García, Apulco, Apozol y Nochistlán de Mejía, así como los sistemas de agua potable de Villanueva, Luis Moya, Villa García y Juan Aldama.
Con porcentajes que van del 61 al 90%, también incumplen el Instituto Tecnológico Superior de Jerez, los sistemas de agua potable de Miguel Auza, Calera, Villa de Cos, Nochistlán y Villa González Ortega, el Consejo Estatal de Desarrollo Económico, la Universidad Politécnica Sur de Zacatecas, Momax, Tabasco, Villa Hidalgo, Juan Aldama, Loreto, Pinos, Mezquital del Oro, Luis Moya, Cañitas de Felipe Pescador, Saín Alto y Villa González Ortega.
En tanto, 23 sujetos obligados se ubican por encima del 90%, sin embargo no alcanzan la totalidad del cumplimiento: Mezquital del Oro, los sistemas de agua potable de Pinos, Gral. Enrique Estrada, Gral. Pánfilo Natera, Tepechitlán, Villa de Cos, Río Grande y Cuauhtémoc, el Consejo Zacatecano de Ciencia, Tecnología e Innovación y el Sindicato Único de Personal Docente del CONALEP plantel Fresnillo.
Así mismo los municipios de Río Grande, Miguel Auza, Concepción del Oro y Moyahua de Estrada, la Coordinación Estatal de Planeación, , la Junta de Protección y Conservación de Monumentos y Zonas Típicas del Estado.
En este grupo, Torres Rodríguez resaltó que algunos sujetos obligados se encuentran a menos del 1% de completar su carga, como es el caso de Gral. Francisco R. Murguía, el Sistema Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Tlaltenango, el Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Tabasco, Sombrerete, Guadalupe y Tepetongo.
Los Comisionados del IZAI destacaron que en la primera fase de la verificación vinculante sólo 9 sujetos obligados obtuvieron el 100%; en la segunda fase se sumaron 66, mientras que en la tercera fase cumplieron 32 instituciones públicas más.
Estas son la Auditoría Superior del Estado, la Coordinación General Jurídica, el municipio de El Plateado de Joaquín Amaro, la Escuela Estatal de Conservación y Restauración de Zacatecas «Refugio Reyes», el Fideicomiso Fondo Plata, el Fideicomiso Zacatecas, Gral. Enrique Estrada, Huanusco, el Instituto Zacatecano de Cultura, el Instituto para la Construcción de Escuelas, Jalpa, Jerez, Juchipila, Morelos y Santa María de la Paz.
Al igual que la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción, el Sindicato de Personal Académico y Administrativo del Instituto Tecnológico Superior Zacatecas Norte, el Sindicato de Trabajadores de la Universidad Autónoma de Zacatecas, los sistemas de agua potable de Loreto, Mote Escobedo, Teúl de González Ortega, Valparaíso, Jerez. Tlaltenango de Sánchez Román, Vetagrande, Zacatecas y la Universidad Politécnica de Zacatecas.
El Pleno del IZAI destacó que durante cada fase de la verificación vinculante se ha brindado apoyo y asesoría a los sujetos obligados a fin de que alcancen el 100%, sin embargo algunos de ellos hicieron caso omiso de las notificaciones remitidas por el Instituto, haciéndose acreedores a una medida de apremio.
Al respecto, Samuel Montoya Álvarez subrayó que las medidas de apremio serán impuestas a los funcionarios responsables de la omisión, aún si ya no se encuentran en las administraciones actuales, así mismo, las multas deberán ser cubiertas con el patrimonio del infractor y no del erario público.
“Para llegar a la medida de apremio, estamos hablando de que se agotaron meses de espera y omisiones reiteradas de los servidores públicos, que ahora deberán cubrir las multas ante la Secretaría de Finanzas” finalizó Nubia Barrios Escamilla
