Privilegiar la vida y seguridad de pasantes de medicina que prestan su servicio en comunidades con alta incidencia delictiva exigen la senadora Geovanna Bañuelos y el senador Miguel Ángel Lucero Olivas, luego del asesinato del médico pasante Eric Andrade el viernes pasado en Durango.
En un punto de acuerdo que será presentado a la Comisión Permanente esta semana, la coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo (GPPT) y el legislador por Durango condenan enérgicamente este asesinato y exhortan a la Fiscalía General de Durango a realizar las investigaciones pertinentes para el deslinde de responsabilidad y garantizar justicia.
Asimismo, piden a las Secretarías de Salud (SSA), de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), y sus homólogas en las 32 entidades federativas, fortalecer los protocolos de prevención de violencia para garantizar la seguridad de médicos pasantes.
Y llaman a fortalecer las medidas de seguridad en las unidades médicas, así como en los espacios de residencia de los prestadores de servicio social en las comunidades en las que son asignados.
En el documento que será inscrito en la Gaceta Parlamentaria de este miércoles, los legisladores del Partido del Trabajo (PT) piden además a las autoridades entablar un diálogo con las instituciones educativas para realizar un diagnóstico sobre las problemáticas que enfrentan los prestadores de servicio social a fin de fortalecer el esquema en beneficio de los derechos de los prestadores y las comunidades.
Geovanna Bañuelos destaca que el asesinato del médico Erick Andrade Ramírez, y de la doctora Massiel Mexica asesinada en Chihuahua, muestran claramente que los protocolos vigentes son insuficientes para proteger la vida de quienes prestan su servicio en comunidades lejanas o amenazadas por el crimen organizado.
“Es obvio que se debe exigir más del gobierno local, desde una visión que privilegie la prevención y no únicamente como medida reactiva a los lamentables hechos sucedidos, como en estos casos”, menciona la legisladora.
No obstante, los legisladores petistas lamentan que estos no sean casos aislados en contra del personal médico. “Cabe recordar lo sucedido con Luis Fernando Montes de Oca Armas, alumno de Medicina de la Universidad Autónoma de Guadalajara, quien fue asesinado el año pasado en Valparaíso, Zacatecas, luego de que se trasladó de Huejuquilla, Jalisco, donde realizaba su servicio social, a la ciudad Fresnillo para internar a una mujer en labor de parto”.
Además, también está el caso de Mariana Sánchez, quien en enero del año pasado fue hallada muerta, luego de sufrir hostigamiento y abuso sexual, mientras realizaba su servicio social en una clínica de Nueva Palestina, en el municipio de Ocosingo, Chiapas.
“Es innegable el contexto de inseguridad en el que ejercen los médicos pasantes, y este problema, además de perjudicar a familiares y seres queridos, trae consecuencias para las comunidades que sufren por la falta de profesionales de la salud”, señalan.
Por ello, la líder de la bancada del PT informa que el GPPT respalda la decisión de la Universidad Autónoma de Durango, la Universidad Juárez, del estado de Durango y la Universidad Autónoma de Zacatecas de retirar a sus médicos pasantes de sitios que no cumplan con la Norma Oficial de servicio social, sobre todo, en zonas de riesgo.
“Lamentablemente esta situación de inseguridad está presente en todo el territorio nacional, hace unos días la Rosa Martha Covarrubias, directora de la Unidad Académica de Medicina Humana y Ciencias de la Salud de la Universidad Autónoma de Zacatecas, informó que por el momento no hay pasantes realizando su servicio social en comunidades ni en la Sierra de Valparaíso, al no existir condiciones de seguridad en esa localidad”, refiere la legisladora.
Geovanna Bañuelos y Miguel Ángel Lucero destacan que en los últimos años el servicio social ha sido desdeñado por las autoridades y las problemáticas que enfrentan los prestadores del servicio social se toman a la ligera.
“Las autoridades de las entidades federativas no deben ser omisas. Es fundamental que trabajen en coordinación con las autoridades en materia de educación, salud y seguridad del gobierno federal para generar las condiciones de seguridad que exige el gremio médico para que continúen con su formación profesional en beneficio de las comunidades del ámbito rural de nuestro país”, aseveran.
Y enfatizan que en ninguna circunstancia se debe permitir que la vida de los pasantes sea vulnerada en función de su servicio social. “No podemos permitir más casos donde se transgrede la vida y la dignidad de las personas que llevan a cabo la loable actividad de ayudar a quien lo necesita”.
Finalmente, la senadora Geovanna Bañuelos anuncia la presentación de una excitativa para agilizar la aprobación de la iniciativa que presentó en marzo de 2020 para garantizar mejores condiciones de trabajo y los derechos humanos de médicos residentes que prestan sus servicios en el sistema de salud del país.
