El andamiaje legal y operativo en materia de fiscalización requiere, para su óptimo funcionamiento, de un esfuerzo conjunto y coordinado por parte de las distintas autoridades y dependencias que tienen participación en áreas de prevención y vigilancia sobre el adecuado origen y destino de recursos públicos y privados que circulan en el sistema financiero del país. Por lo tanto, desde el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) se les llamó a responder a las solicitudes de información protegidas por el sistema bancario, fiduciario y fiscal.
Al conocer el Informe que presenta la Comisión de Fiscalización respecto del estado jurídico que guardan los procedimientos administrativos sancionadores en materia de fiscalización que se encuentran en trámite, las sanciones impuestas durante 2016 a 2023 y las solicitudes de información y su atención por diversas autoridades, se destaca un incremento porcentual del total de las respuestas respecto de las atendidas fuera del plazo de la ley.
El documento recuerda que, de acuerdo con la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, el Consejo General no estará limitado por los secretos bancario, fiduciario y fiscal, y para ello la Unidad Técnica de Fiscalización (UTF) está facultada para requerir información y documentación comprobatoria de cualquier aspecto vinculado con el origen y destino de los recursos, mientras que las instituciones públicas y privadas están obligadas a responder en un plazo máximo de cinco días.
Al presentar el informe ante el pleno, el Consejero Jorge Montaño Ventura, presidente de la Comisión de Fiscalización, detalló que éste atiende al imperativo constitucional de fiscalizar los recursos a los partidos políticos.
El informe, dijo, se refiere al estado jurídico que guardan los procedimientos administrativos sancionadores en materia de fiscalización que están en trámite y a las sanciones impuestas durante el período del 2016 a 2023, “a fin de que la ciudadanía conozca cuántos y cuáles son los procedimientos oficiosos y de queja que se encuentran radicados en la Unidad Técnica de Fiscalización”, las investigaciones realizadas y las sanciones impuestas.
No podemos permitir que sean las propias instancias del Estado mexicano las que obstaculicen la fiscalización
De 2016 a 2023 se han resuelto dos mil 649 procedimientos, se han impuesto sanciones por 851.4 millones de pesos y están en sustanciación 204, agregó la Consejera Carla Humphrey, quien enfatizó la falta de colaboración interinstitucional de diversas autoridades para proveer de información veraz, oportuna y completa dentro del plazo de los cinco días que prevé la normatividad.
Ejemplificó que, en lo que va de 2023, la UTF giró mil 420 solicitudes de información y documentación y ha emitido 36 insistencias a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, al Servicio de Administración Tributaria, a la Unidad de Inteligencia Financiera y a la Secretaría de Economía, entre otras, las cuales, en su mayoría, se han atendido en un tiempo superior a los cinco días, “generando demora y por lo tanto obstaculizando las labores de fiscalización”.
“Estamos ante el ejercicio más grande de fiscalización que llevaremos a cabo y no podemos permitir que sean las propias instancias del Estado mexicano las que obstaculizan las labores de fiscalización de este Instituto, dejando de proveer dentro de los plazos establecidos la información que se les solicita para verificar, por ejemplo, operaciones para comprobar que sean reales, la existencia de distintas empresas para comprobar la veracidad de las facturas que se emiten, y para desahogar los procedimientos en esta materia”, aseveró.
La Consejera Humphrey también convocó a llevar a cabo acciones para la sensibilización de distintas instancias del Estado mexicano sobre la importancia de que provean de información “respecto a ingresos, egresos y aplicación de los mismos a esta autoridad, por los plazos perentorios que tenemos para resolver y también para desahogar distintas quejas, denuncias y procedimientos oficiosos”, así como explorar las vías jurídicas para el caso de incumplimiento.
Se resuelven cuatro quejas en materia de fiscalización
Posteriormente, el pleno resolvió cuatro procedimientos administrativos sancionadores y oficiosos en materia de fiscalización, instaurados en contra de Partidos Políticos Nacionales, de los cuales dos resultaron fundados por los siguientes motivos:
En uno se impuso una multa de 403 mil pesos a Jaime Rodríguez Calderón, en su calidad de Candidato Independiente al cargo de Presidente de la República, por aportaciones de personas físicas, morales y simpatizantes, tanto en efectivo como en especie, fuera de la normatividad durante el Proceso Electoral Federal 2017-2018; otra más al partido Morena por cuatro millones 779 mil 218 pesos, porque en las elecciones en Coahuila, en 2023, presentó informes de precampaña fuera de los mecanismos establecidos.
Durante la sesión también se dio respuesta a consultas hechas por los partidos Movimiento Ciudadano, Morena y Acción Nacional en materia de reintegro de remanentes, así como respecto de requerimientos de información por parte de autoridades diversas a la electoral.
