Después de 26 años de la llegada del primer gobierno de alternancia política al estado, Zacatecas atraviesa por una de las etapas más complicadas de su era moderna. Tras el arribo al gobierno del estado de David Monreal Ávila, el 12 de septiembre de 2021, la entidad se ha visto inmersa en una serie de conflictos de carácter político, social y económico, en donde la nueva administración, que se auto definió como la nueva gobernanza, se ha mostrado incapaz de hacer frente a diversas demandas, principalmente a las índole social.
Desde su toma de protesta, David Monreal advirtió que recibía un estado en crisis, “de inseguridad, financiera, de pobreza extrema, desempleo y falta de desarrollo”,que heredó de los últimos dos sexenios (Miguel Alonso Reyes y Alejandro Tello Cristerna). Esto, aún y cuando, desde la etapa de campaña, había afirmado que sus buenas relaciones con el gobierno de la República, encabezado por Andrés Manuel López Obrador, ayudarían a Zacatecas.
Sin embargo, los desafíos para la administración de David Monreal persisten, si bien, se ha logrado algunas mejoras estadísticas en materia de incidencia delictiva (principalmente en homicidios dolosos y extorsiones), la situación continúa preocupando cuando de manera reiterada, la entidad de rostro de cantera y corazón de plata, ha sido noticia nacional e internacional en materia de seguridad.
Pareciera que de nada han servido las mesas de seguridad y de construcción de paz, los intentos de este gobierno por publicitar que se va reduciendo la incidencia delictiva, y que se haya declarado el 2024, como el Año de la Paz, cuando la realidad a la que se enfrentan las y los zacatecanos, día a día, dista mucho de ese imaginario.
Hace apenas unos días, colectivos de madres buscadoras revelaban la alarmante cifra de desapariciones. En lo que va del año se han reportado 711 casos en Zacatecas, de las cuales 490 siguen sin ser localizadas. De las 3 mil 899 personas desaparecidas en Zacatecas desde 1952, 29 casos pertenecen al periodo 1952 – 2007, mientras que en los últimos 3 años y 8 meses, el estado ha contabilizado 2.150 casos. Eso sin contar el robo en sus distintas modalidades, los delitos de odio o por motivos de género y tantos otros que quedan invisibilizados. Señor gobernador, la disminución de una cifra no es ni será sinónimo de paz.
En los primeros tres años de gobierno de David Monreal Ávila, aunado a la situación de inseguridad, las protestas y manifestaciones sociales de diversos sectores para exigir justicia a sus demandas legítimas se han vuelto una constante.
Lo más lamentable y delicado es que este gobierno en lugar de atender a las y los manifestantes decide reprimir, violentar, revictimizar y hasta torturar. Basta recordar lo que ocurrió en el marco del Día Internacional de la Mujer del presente año, cuando 17 compañeras, entre ellas, madres con infancias, adultas mayores, mujeres con discapacidad, adolescentes y periodistas, fueron golpeadas, gaseadas y/o detenidas en Plaza de Armas con total brutalidad por fuerzas policiacas, argumentando “supuestas agresiones a policías”, como si eso les diera luz verde de violar la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza, donde también quedan establecidas las responsabilidades de la cadena de mando.
Cuando las que asistimos a esa mega marcha pudimos constatar que las cosas no ocurrieron como ustedes querían contarlas.
Lo que sí ocurrió es que desde días antes, a este gobierno se le ocurrió la brillante idea de publicitar que “iba haber infiltradas en el movimiento” y de que, ante ello, el Estado iba a actuar. Días antes de aquel escalofriante hecho, lo publicitaron, actuaron al mero estilo priísta de la década de los 60, o ¿acaso no actuaron así contra el movimiento del 68?
Porque sí, hubo infiltradas, pero del gobierno del Estado de Zacatecas. Luego de prohibirles participar en la marcha pacífica a sus trabajadoras, violentando los derechos de asociación y manifestación de estás trabajadoras, obligaron a varias de ellas, principalmente a las adscritas a la Secretaría General de Gobierno, a infiltrarse y grabar toda acción de iconoclasia que se presentó durante la marcha, tal como ellas mismas han denunciado en espacios seguros.
En ningún momento, hubo agresiones por ningún grupo que nos congregamos aquella tarde del 8 de marzo contra algún ciudadano o policía, pero sí, desde que arribamos a Plaza de Armas nos intentaban provocar, situación que el bloque rojo trató de contener para no caer en esas provocaciones.
Lamentablemente, esperaron que los bloques rojo y negro se retiraran del lugar, para ordenar a las fuerzas policiacas comenzar la agresión, rociar a las presentes, incluídas a las compañeras de Derechos Humanos, con sustancias químicas y comenzar con las detenciones arbitrarias.
A seis meses de aquel hecho, desde este tribuna, me sumo a la peticiones de las compañeras y exijo la renuncia inmediata del secretario general de gobierno y demás funcionarios que atentaron contra las compañeras, así como la reparación de todos los daños. Nunca más tendrán la comodidad de nuestro silencio.
También les recuerdo que nos deben a este Poder un informe pormenorizado de los hechos.
Por si fuera poco, fue del dominio público que desde el Ejecutivo se dictaron posturas a este poder para retrasar la armonización al Código Penal del Estado en materia de aborto, salvo honrosas excepciones como las de los exdiputados petistas, los legisladores se negaron a legislar. Ya la Suprema Corte de Justicia de la Nación había emitido una postura clara: “Ninguna mujer podrá ser criminalizada por interrumpir un embarazo, aún así prefirieron cerrar los ojos ante un problema que nunca será de ustedes, porque en abortos clandestinos las que mueren son mujeres, pero no solo mujeres: mujeres pobres”.
Espero, compañeras y compañeros, que en esta Legislatura seamos más empáticos y responsables sobre el tema y, a la brevedad, acatemos la sentencia de la que ya se ha notificado a este poder.
Recuerden que si no acatamos la sentencia estaríamos cayendo en un desacato judicial y puede tener consecuencias graves.
Por otra parte, el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo (GPPT) en esta Legislatura rechaza categóricamente la construcción del paso elevado del bulevard Adolfo López Mateos, que tendrá un costo de más de 3 mil 600 millones de pesos.
Como habitantes de la zona conurbada Guadalupe-Zacatecas y miembros del gran proyecto de nación que representa la Cuarta Transformación en este país, somos sensibles de las necesidades y la situación a la que hoy en día se enfrentan los habitantes de todo el estado, en sus distintos sectores y subsectores, y no solamente de la zona conurbada.
Consideramos que dicha obra es innecesaria, irracional y que atenta contra todo principio de la justicia redistributiva del recurso que tanto se ha luchado desde la población y la Cuarta Transformación de este país.
Aunque no lo quieran reconocer públicamente, en la zona conurbada Guadalupe-Zacatecas existen al menos tres vías alternas de movilidad (la vialidad Felguerez, el bulevard Siglo XXI, mejor conocido como Tránsito Pesado, y la García Salinas- Alma Obrera), que si bien, deben de recibir mantenimiento, están y cumplen su función. Mientras que, lamentablemente, a lo largo y ancho del territorio estatal podemos encontrar daños severos en casi todas las vialidades.
Ante ello, desde el GPPT respaldamos la petición que desde hace meses se ha estado haciendo por parte de un grupo plural de ciudadanos, entre ellos universitarios y comerciantes, para que se pare la intención de la construcción del paso elevado del Bulevard Adolfo López Mateos y se hagan los ajustes que sean necesarios para que dicho recurso que se esperaba erogar se pueda emplear para otros rubros más urgentes como la rehabilitación de carreteras federales y estatales, el rescate al campo, la mejora de la infraestructura hospitalaria o la rehabilitación de tuberías de agua potable.
Desde el GPPT queremos dejar claro que no nos prestaremos a chantajes infundados que buscan manipular la percepción social para sacar adelante dicha obra.
Así como tampoco desde el GPPT aprobaremos un solo peso para dicho capricho.
No podemos, bajo ningún sentido, mentir, robar ni traicionar al pueblo y sus distintos sectores, por ello, cuantas veces sea necesario en el GPPT levantaremos la voz en favor de los sectores más vulnerables y las causas más sentidas.
Para concluir, como integrante de un partido de línea de masas que tiene la firme convicción que lo mejor que podemos hacer por el país y sus habitantes, es darle “todo el poder al pueblo”, como lo señala nuestro lema, desde esta tribuna quiero dejar claro que el PT es parte de la Cuarta Transformación. Así lo hemos demostrado desde el año 2000, cuando el licenciado Andrés Manuel López Obrador llegó a la jefatura de gobierno del entonces D.F.
Porque creemos que un mejor país se construye desde abajo, respetando e incitando la plena participación popular, lo apoyamos sin restricciones en el 2006, en el 2012 y en el 2018. Ratificamos también este apoyo a la Dra. Claudia Sheinbaum este 2024. Empero, desde el PT creemos que para construir la verdadera democracia participativa, la crítica y la autocrítica siempre deben ser bienvenidas.
«Sin autocrítica no hay revolución, sin crítica no hay movimiento”, Karl Marx.
