Hasta ahora el tema sobre la posible reforma energética ha causado en la población, en general, una gran confusión. Esto se debe a la gran desinformación que se tiene sobre el asunto, el cual permea en las fibras más sensibles de nuestra sociedad.
Más allá de propuestas viables que solucionen el problema, los medios de comunicación y diversos partidos se han dedicado a perpetuar mitos que polarizan a la sociedad entre opciones maniqueas, si se debe continuar con el modelo obsoleto o se debe privatizar todo el sector.
En Movimiento Ciudadano somos conscientes que al discutir asuntos en materia energética se tiene impacto en empresas y gobiernos muy poderosos.
Se estima que la demanda energética en los próximos treinta años crecerá en un 55%. Es con base en esto, que los recursos de este sector se vuelven estratégicos para todos los países del mundo. La única manera de garantizar la soberanía, y con esto satisfacer la demanda interna, es teniendo el pleno control de los mismos.
Pese a lo anterior, en México se ha realizado una privatización paulatina de nuestra paraestatal sin que los ciudadanos hayamos sido consultados. Aún cuando en el Tratado de Libre Comercio (TLC), se negó la garantía de abasto, los contratos de riesgo y la libre importación de gasolina y gas; esto se ha ido perdiendo con los años.
Estados Unidos se ha valido de los malos manejos de gobiernos anteriores, que han desembocado en crisis financieras, para obtener concesiones en el sector, contrarias al interés nacional.
Así es como ha conseguido por parte del gobierno mexicano: la garantía de exportación de petróleo, el compromiso de privatizar los complejos petroquímicos, las concesiones de distribución y almacenamiento de gas natural y la mayoría de los contratos de obra y suministro en manos de compañías extranjeras.
Del mismo modo, el desmembramiento constante del control operativo de Pemex ha abierto la puerta también a la privatización. Se ha cedido la dirección y administración de grandes proyectos como Cantarell; a través de contratos de servicios múltiples se ha entregado la explotación de Burgos y Chicontepec y por medio de contratos para el mantenimiento de ductos se ha perdido injerencia en exploración y producción.
¿Qué hacer ante la pérdida de soberanía que se ha permitido en los últimos años? Para comenzar debemos desmitificar la creencia de que Pemex concesiona a terceros debido a que no tiene recursos.
La falta de inversión en la paraestatal se debe a la dependencia que la ata al sistema fiscal del país, el cual la obliga a una carga tributaria de 56% sobre ingresos brutos a 2011, colocándola en el primer lugar de impuestos que paga una empresa petrolera en el mundo, a diferencia del 30% de ISR sobre ingresos netos que paga cualquier empresa de la iniciativa privada.
Para lograr autonomía, sin necesidad de una reforma fiscal, es necesario dividir las operaciones de Pemex en dos rubros. Lo que hasta ahora se grava a una tasa alta de impuesto, que le permite al sistema tributario obtener ganancias, puede permanecer así; a los ingresos derivados de inversión nueva se les aplicaría un régimen fiscal normal, para que puedan pagar los recursos contratados para la realización de dicha inversión. Los proyectos realizados a partir de la reforma deben seguir una lógica de inversión rentable que les permita una visión de rentabilidad a largo plazo.
El pretender que los capitales privados se hagan cargo del sector ignora que los inversionistas actuarían exclusivamente en su propio interés, descuidando objetivos de interés nacional, como abasto de energía a precios competitivos, desarrollo de proveedores nacionales e incluso el pago de impuestos.
Sólo habría que ver otros casos de privatización, como la banca o las telecomunicaciones para ver que esto no es una visión pesimista o exagerada, sino una amarga realidad. Los precios en esos sectores son altos y el pago de impuestos muy inferior a lo que paga Pemex.
Esto se debe a que el objetivo de las empresas privadas es obtener la máxima ganancia posible, por lo que no se pueden dejar recursos estratégicos en sus manos; especialmente un recurso que afecta la competitividad de toda la economía.
El resto del mundo con casos exitosos se basa en empresas públicas manejadas correctamente por el Estado, lo cual permite la eficiencia, pero siempre favoreciendo al productor y consumidor nacionales.
Quien administra una empresa es, a final de cuentas, quien se lleva la ganancia. El privatizar supondría dar la riqueza a intereses particulares, mientras que la permanencia del control por parte del país supone que los beneficios serán para toda la sociedad.
Resulta claro que Pemex se encuentra en el peor momento para ser vendido. Ha perdido gran parte de su valor, pues ya no genera tecnología, ya no opera muchos de sus activos y agrega cada vez menos valor al crudo.
Para resolver el problema anterior, compañías como Petrobras (Brasil), Statoil (Noruega) y Electricité de France (Francia) realizan un tratamiento diferenciado de las inversiones de empresas públicas. La lógica que se sigue es que siempre y cuando la inversión sea rentable, como precisamente lo es en este rubro, no debe considerarse como parte del déficit público. Es decir, la inversión no es un gasto, ya que genera ingresos directos en el futuro.
México presenta una ventaja comparativa en este tema, ya que nuestro país ya cuenta con la experiencia y conocimientos necesarios (know-how) que le permitan realizar los trabajos por sí mismo. Es necesaria la adopción del modelo tan sólo en la parte de intervención en situaciones específicas que garanticen SIEMPRE la soberanía de recursos.
La visión que permitió el éxito a Noruega fue integral. Nuestro país debe seguir el esquema de dicho país al privilegiar al productor nacional, asegurar la supervisión y control nacional sobre todas las operaciones, fomentar la participación de la sociedad mediante la creación y apoyo de la industria para-petrolera; y controlar la expansión para asegurar el desarrollo gradual de la exploración y de las actividades relacionadas con la producción. Esto debe incluir el fortalecimiento de políticas nacionales imponiendo estrictas normas de seguridad que eviten que los negocios petroleros afecten otros negocios.
Petrobras, igual que Statoil, instrumentó una política de privilegiar el contenido nacional en su proveeduría, teniendo actualmente un contenido nacional superior a 80 por ciento en sus compras, mientras que México ha reducido sus contenidos nacionales de 80 a 20 por ciento, sin adoptar hasta el momento medidas efectivas para revertir esta tendencia.
Por lo anteriormente expuesto, en Movimiento Ciudadano estamos convencidos de que la privatización responde a factores políticos que buscan satisfacer intereses particulares, lejos de beneficiar a la población. Ante lo preliminar, vale le pena preguntarnos ¿Por qué la reforma energética que pretende hacer el gobierno de EPN perjudica a los ciudadanos?
Posible escenario: Debemos comenzar por decir que nosotros estamos planteando posibles escenarios que la contrarreforma energética del gobierno de EPN y del PAN pueden proponer; son posibles porque hasta el momento se ha mantenido de manera deliberada una estrategia para ocultar la información. Esto obedece a que el gabinete de Peña sabe que si hubiera un debate real, quedaría claro que los cambios que proponen sólo favorecen a unos cuantos, a costa de grandes perjuicios para la sociedad.
Posibles vías: ¿Qué es posible que quieran hacer? La Iniciativa buscará vender capital de Pemex, vender reservas petroleras, o ambas; cabe mencionar que estas acciones requieren cambios constitucionales por lo que se las “ingeniarán” para hacerlo de manera disfrazada. Se ha hablado de que las empresas extranjeras venderán a precios de mercado los bloques de petróleo al gobierno ¿acaso lo anterior no las hace dueñas al forzar al Estado a comprárselos?
Como posible vía también se encuentra continuar con la privatización a través de asociaciones, donde la estrategia consiste en administrar de manera deficiente una planta o instalación industrial reduciendo su valor económico; posteriormente se realiza una asociación por la que ni siquiera se efectúa un pago para el gobierno, simplemente se traspasa la administración, haciendo que las ganancias sean para terceros y no para el Estado. Como ejemplo se puede observar lo sucedido en el complejo petroquímico Pajaritos con Mexichem y el caso de Mexicana de Lubricantes.
¿Cuánto aporta Pemex y cuánto las empresas privadas a los ingresos del país?: Pemex aporta entre el 35 y 40% de la recaudación fiscal en nuestro país. En el 2012 la paraestatal pagó un monto total de 901 mil 876 millones de pesos[1], cifra 3.3% superior a la cantidad del 2011. Esto representó el 55% de sus ventas totales y el 99% de la utilidad de operación.
En contraste, el Impuesto Sobre la Renta (ISR) que pagaron todas las empresas del país juntas fue de sólo 288 mil 360 mdp, es decir, menos de la tercera parte de lo que pagó Pemex.
Las empresas privadas no pagan impuestos: Pemex paga más del triple de lo que pagan de ISR todas las empresas privadas del país; en gran medida porque existen numerosos mecanismos que, en contubernio con funcionarios del SAT, permiten a los grandes consorcios no pagar impuestos. Si Petróleos Mexicanos se vuelve privada, seguramente aplicará las mismas estrategias para no pagar impuestos ¿Con el dinero de quién se llenará el boquete fiscal que esto ocasione? Por supuesto, con dinero de los mexicanos, por eso impulsarán la reforma fiscal de manera simultánea, pese al costo político.
Van a subir los impuestos o disminuir los servicios o ambas: El decir que los mexicanos no recibimos ningún beneficio de que Pemex siga perteneciendo al Estado es completamente falso. Entre más se privatice la paraestatal, más subirán los impuestos y más disminuirán los servicios públicos y el gasto social.
Los terceros sólo actuarán en su favor: El pretender que los capitales privados se hagan cargo del sector ignora que los inversionistas actuarían exclusivamente en su propio interés, descuidando objetivos de interés nacional, como el abasto de energía a precios competitivos y el desarrollo de proveedores nacionales. El modelo brasileño ha sido criticado por las corrientes neoliberales ya que no obtiene la mayor cantidad de ganancias que podría, lo cual se debe a que como empresa pública, no tan sólo piensa en la máxima utilidad sino en el beneficio de la gente.
Ejemplo de la banca y telecomunicaciones: Las privatizaciones en nuestro país se han traducido en precios más altos al consumidor y mayor concentración del ingreso en una pequeña élite. Como ejemplos tenemos la banca y la telefonía. ¿Queremos ser ahora, además de uno de los países con más altos costos en telefonía y comisiones bancarias, el que más pague por la gasolina? ¿Estamos dispuestos a que aumenten los impuestos y disminuyan los servicios, tan sólo para que ahora exista un Slim o un Azcárraga petrolero?
Poder a extranjeros: Adicionalmente, los recursos energéticos componen uno de los sectores más importantes a nivel estratégico y económico de cualquier país. Resulta de suma gravedad permitir que pertenezcan a extranjeros, debido al poder que dichos actores pueden llegar a tener. ¿Acaso el gobierno ya olvidó que la expropiación petrolera en nuestro país se originó porque las compañías extranjeras desacataron un mandato de la Suprema Corte?
CFE: En el caso particular de la energía, la CFE ha incurrido en prácticas de privatización al permitir que la electricidad sea generada por productores independientes, lo cual sólo ha provocado la descapitalización de la empresa y el aumento sistemático de tarifas.
No estamos en contra de la modernización, estamos en contra de la privatización que busca, a través del “capitalismo de cuates”, la creación de monopolios privados.
Con base en lo argumentado, Movimiento Ciudadano no participará en ninguna Iniciativa que busque aumentar y perpetuar la desigualdad, marginación y pobreza lacerante en el país. No seremos cómplices de una Reforma que sólo busca entregar los recursos petroleros, con el propósito de consolidar el feudalismo neoliberal en el que vivimos.
La principal deficiencia de Petróleos Mexicanos radica en funcionarios incompetentes y corruptos, para corregirla no es necesario entregar a privados y extranjeros el sector estratégico más importante del país, es menester una supervisión más fuerte y más ágil.
