Ante las pocas posibilidades que tienen los jóvenes mexicanos de ingresar a una universidad y estudiar una carrera, el Senador de la República, David Monreal Ávila presentó una iniciativa de ley para hacer obligatoria la educación superior por parte del Estado, pues “un pueblo educado es un pueblo con una mejor calidad de vida”.
Señaló que no se ha respetado, protegido, ni garantizado un derecho humano fundamental como lo es la educación, vulnerando tratados internacionales, así como la propia Constitución Política Mexicana.
En este mismo sentido, indicó el legislador federal, la educación es un derecho consagrado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 3° se establece que todo individuo tiene derecho a recibir educación y que el Estado impartirá los niveles de preescolar, primaria, secundaria y media superior.
Sin embargo, el país tiene una característica muy singular, la educación superior no es obligatoria, por lo tanto el Estado no se encarga de atender y promover la cobertura total en uno de los niveles más altos, en cuanto a educación se refiere.
Hoy, lamentablemente el acceso y aprendizaje de, una gran cantidad de alumnos siguen siendo determinados por su origen socioeconómico y procedencia geográfica. La baja calidad y escasez de opciones educativas para los más necesitados hacen del sistema educativo un reproductor de las desigualdades sociales, un ejemplo claro de ello, es la educación superior.
Explicó que en todas las entidades federativas existe una creciente demanda social de educación superior, y las universidades públicas enfrentan serios problemas para absorber la matrícula, esto trae consigo que se hagan esfuerzos extraordinarios con resultados poco satisfactorios.
Generalmente, esta grave situación obliga a los aspirantes, en el mejor de los casos, a pagar colegiaturas excesivamente altas en escuelas privadas, pero si hay imposibilidad económica, estarán obligados a abandonar los estudios ya que nadie tiene la educación superior asegurada por parte del Estado.
Esto último es de debatirse, aseveró, debido a que uno de los principales problemas por los cuales los estudiantes no asisten a la universidad o a una institución que imparta educación superior, es precisamente por la falta de recursos.
Con el salario mínimo vigente, un mexicano percibe cuatrocientos tres pesos setenta y cuatro centavos semanales y mil seiscientos catorce pesos, noventa y seis centavos mensuales, para poder asumir los costos más importantes que son la inscripción y la colegiatura, y se ven cuesta arriba y más cuando estos costos oscilan entre los veinte mil hasta los ciento diez mil pesos semestrales.
Ante estos costos, cabe preguntar, ¿Qué está haciendo el Estado por otorgar educación superior a todos los mexicanos? Sí bien el desarrollo de la cultura y ciencia de un país, generalmente se encuentra en las instituciones de educación superior, entonces, ¿Por qué no apostar para que todos los mexicanos tengan acceso universal a este nivel académico?
Si la situación educativa y la economía del país no fueran tan precarias, los jóvenes tendrían un real abanico de opciones sobre qué y dónde estudiar. Pero en México se le apuesta más a la burocracia del Estado que a la educación.
Un ejemplo de ello fue el presupuesto para el ejercicio fiscal 2012, al Instituto Federal Electoral se le otorgaron 15 mil 958 millones de pesos, superando por más de 12 mil millones de pesos los recursos destinados a la Universidad Autónoma Metropolitana. Con ese dinero podrían haber estudiado en esa institución educativa 179 mil 571 alumnos.
Ante este panorama, Monreal Ávila dijo que considerando que la demanda para ingresar a la educación superior no es acorde con las opciones, se plantea un cambio completo en la educación que imparte el Estado.
Por tal razón, “es necesario e impostergable que el Estado garantice la educación superior a los estudiantes deseosos de seguir con su preparación académica. La educación superior es un factor determinante en el desarrollo de la sociedad. Un pueblo educado es un pueblo con una mejor calidad de vida, es claro que el derecho a la educación trae consigo múltiples beneficios como un buen desarrollo sustentable, bajos índices de pobreza, seguridad social, mayor participación ciudadana y por supuesto el fortalecimiento del Estado”.
Por lo anteriormente expuesto y con el objeto de que los mexicanos en el pleno ejercicio de sus derechos, tengan acceso a una educación incluyente y de calidad, resulta necesario adecuar el primer párrafo, fracciones V y VI del Artículo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con el fin de que la educación superior sea obligatoria, finalizó el Senador.
COMPARECENCIA DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
Durante la comparecencia de la Secretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles, el Senador de la República, David Monreal indicó que en desarrollo e inclusión social, en poco ayuda el hecho que se reporten incrementos significativos en los padrones de beneficiados en programas como el de “Jefas de Familia”, la “Cruzada contra el Hambre” y el ahora “Progresa”, si lo que el gobierno federal aún no logra vislumbrar, es la inminente necesidad de erradicar la pobreza desde sus orígenes.
La política de desarrollo social en México, para realmente ser efectiva, debe basarse en la construcción de herramientas aplicables al desarrollo económico de todas y cada una de las áreas del país, sobre todo donde mayormente se concentra la población en condiciones de pobreza, de tal manera que forme un escenario de desarrollo regional autosuficiente y sustentable.
Refirió que México, presume incorrectamente tener una gran tradición y experiencia en materia de desarrollo social, desde la década de los ochentas, los gobiernos federales han concentrado buena cantidad de recursos públicos en políticas que buscan combatir la pobreza y la desigualdad social, a través de programas que brinden ayuda a la gente en alimentación, vivienda, educación y seguridad social.
Por lo tanto, acotó, resulta oportuno preguntar a la titular de la Secretaría, ¿Por qué los mexicanos y mexicanas deben creer que ahora sí, que prospera y la cruzada contra el hambre serán exitosos, si sus homólogos por más de 20 años no han logrado reducir significativamente la pobreza en el país? ¿Qué errores cometidos en el pasado en la implementación de este tipo de programas han tomado en cuenta para asegurar que no fracasarán?
Si el país está teniendo un crecimiento económico tan mediocre de alrededor 1.6 por ciento, ¿Qué hará usted al frente de la Secretaría para reducir los niveles de pobreza en el país eficazmente frente a este paupérrimo crecimiento? ¿Cree que la desigualdad social y la pobreza se reducen aumentando las gasolinas y el diésel que ocasiona el aumento en productos de la canasta básica alimentaria? ¿A caso el aumento en el precio de estos productos no impactan en el bolsillo de los que menos tienen? ¿Qué acciones diferentes llevarán a cabo para asegurar que el gasto en este rubro sea realmente efectivo y eficiente?
La Política de Desarrollo Social debe universalizar el ejercicio de todos los derechos sociales, y ser complementada con subsidios bien focalizados que permitan atender a la población que más lo necesita, pero sobre todo, tiene que ser monitoreados de manera minuciosa, de tal manera, que su ejercicio cumpla con los objetivos para los cuales fue presupuestado.
Finalmente dijo, desafortunadamente las acciones implementadas por su secretaría deja todavía mucho que desear, mientras millones de mexicanos seguirán viviendo en pobreza y en condiciones que van en contra de la dignidad humana.
