“Trágico error, la decisión del Gobernador del Estado, Miguel Alonso Reyes en designar a Leticia Catalina Soto como procuradora General de Justicia del Estado de Zacatecas (PGJEZ), pues la impartición de justicia debe ser mucho más que un compromiso político, particularmente en este momento tan complejo por el que atraviesa nuestro estado”, afirma Geovanna Bañuelos de la Torre, Comisionada Política Nacional del Partido del Trabajo (PT) en Zacatecas.
“Es turbio e infame que por intereses oscuros y mezquinos se nombre a una persona que nunca ha actuado con imparcialidad y autonomía. Es ominoso que Alonso Reyes siga simulando en materia de seguridad pública”, cuestiona Bañuelos de la Torre, quien además refiere, “hoy demandamos que se atienda a todos los zacatecanos que han sido víctimas de algún delito para que accedan a una justicia pronta y expedita”.
Es importante señalar que el PT no pone en tela de juicio el perfil académico de Soto Acosta, “lo que cuestionamos es la carente experiencia laboral dentro de un Ministerio Público, pero sobre todo la falta de ética y la forma en que se ha conducido, particularmente cuando fue Consejera Presidenta del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas (IEEZ). Basta recordar que este órgano, en múltiples ocasiones dejó de ser neutral, atentando contra la democracia de nuestra entidad”.
Canonjía Electoral
En tal sentido, la dirigente petista, sostiene que nuevamente Alonso Reyes está privilegiando a su grupo cercano y pagando favores electorales, sin tomar en cuenta al Colegio de Abogados en Zacatecas y académicos en la materia, donde existen juristas de probada rectitud y solvencia moral, pero además “es preocupante que se judicialice la política en el estado, especialmente en pleno proceso electoral”.
De ser ratificada por el Poder Legislativo, este Instituto Político, estará atento al desempeño de Catalina Soto, debido a que en los últimos meses el PT ha interpuesto diversas denuncias ante la PGJEZ a las que no se les ha dado el seguimiento adecuado, tal es el caso de la denuncia por enriquecimiento ilícito en contra del alcalde con licencia de Fresnillo, Benjamín Medrano Quezada, el soborno a diputados de la LX Legislatura donde están implicados el ex secretario General de Gobierno, Francisco Escobedo Villegas y el actual secretario de Finanzas, Fernando Soto Acosta -hermano de la ex titular del IEEZ-, y la más reciente denuncia en contra de Agustín Jaime Ortiz Arellano y Guillermo Huizar Carranza por los delitos de encubrimiento, enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias, falsificación de documentos y peculado.
Los zacatecanos hoy requerimos un procurador que vigile con independencia la legalidad del Estado, integre con rigor jurídico y científico todas las denuncias y respete los derechos humanos de todos los ciudadanos, en particular de aquellos que han sido víctimas de algún ilícito.
