Derivado del actual proceso electoral, la Comisionada Política Nacional del Partido del Trabajo (PT) en Zacatecas, Geovanna Bañuelos de la Torre hizo pública su declaración patrimonial en la que destacó la propiedad de dos predios con un valor 1 millón 92 mil pesos y una casa habitación adquirida con crédito hipotecario número 17 83 68/8 de Scotiabank por la cantidad de $1 millón 650 mil pesos.
La razón, explicó la comisionada petista, es debido a que, como representante popular y en los cargos públicos que ha ocupado, siempre se ha pronunciado a favor del derecho a la información. Por esta razón informó que, además de los predios y la casa habitación, tiene una camioneta Edge Ford, modelo 2013 que en su momento tuvo un valor factura de 420 mil pesos.
Denuncia PT compra de votos
“Hoy el PRI debería nombrarse el Cártel de Nueva Generación del Fraude”, sostuvo Geovanna Bañuelos luego de denunciar diversas irregularidades producto de la compra de votos por parte del partido en el poder. Advirtió que la forma de operar del tricolor es discreta y silenciosa.
“Con todo el aparato gubernamental, la logística, la infraestructura y los recursos, siguen repartiendo despensas, apoyo para campesinos, implementos de construcción, entre otros. Además, se continúa recolectando datos de las credenciales para votar con la finalidad de acceder a información ciudadana de primera mano para y operar el próximo 7 de junio”.
Reconoció que, además de las dádivas, el Revolucionario Institucional también ha tratado de corromper a los líderes del PT, militantes históricos y luchadores sociales afiliados, sin embargo, la convicción por los ideales de izquierda han sido más fuertes.
Informó que el pasado 20 de mayo se presentó una denuncia ante el Instituto Nacional Electoral (INE) luego de que los brigadistas del PT detectaran en la comunidad de El Rucio, en el municipio de Villa de Cos, entrega de grano en la bodega propiedad del Álvaro Rodríguez, el cual fue enviado por la regidora del PRI, Elva Dinora Uribe Sandoval.
Pese a la denuncia, personal del INE acudió tarde y sólo registro que habría encontrado “una bodega cerrada y que no tenían facultades para entrar”, por lo que no se levantó acta correspondiente. El Secretario del Consejo Distrital 03 Electoral, Jorge Chiquito Díaz de León dijo al representante del PT de dicho Consejo Distrital, Víctor Manuel Medina Ramírez, que las actas que levantaba él como Secretario “no tenía ningún valor”. Ante la actitud negligente e ilegal del funcionario del INE, el PT presento la denuncia correspondiente
El mismo día, Omar Carrera, representante del PT en el Distrito I, presentó la denuncia correspondiente ante la FEPADE por la entrega de mil 300 pesos en efectivo a cerca de 300 personas, recurso que fue entregado en el edificio de Telecom-Telégrafos, en la ciudad de Fresnillo.
“Solicitamos a la Fiscalía Especializada para la Atención en Delitos Electorales, dé seguimiento a nuestras denuncias y haga una investigación seria y a fondo. Hacemos un llamado enérgico al INE, para que actué con seriedad, imparcialidad y responsabilidad en este proceso electoral”.
Propone PT crear auditoría ciudadana
El Partido del Trabajo propone legislar para la creación de una auditoría independiente donde existan mecanismos de participación social. La propuesta legislativa también contempla que los servidores públicos tengan perfil idóneo para el desempeño de sus cargos.
Esto de acuerdo a la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental del INEGI, en la que se indica que el 86% de la población Zacatecana considera la corrupción como algo habitual. La misma percepción se tiene dentro de los gobiernos municipales con un 76% de los encuestados. Pero el dato más alarmante es que el 77% de los zacatecanos mayores de 18 consideran que existe corrupción dentro del gobierno.
Dicha encuesta coloca a los partidos políticos dentro de los sectores e instituciones públicas con mayores niveles de corrupción. De tal manera que el PT trabaja para erradicar este flagelo y propone crear mejores mecanismos para fiscalizar los presupuestos asignados, tanto a los gobiernos como a los servidores públicos.
