Gerardo Noriega Altamirano, profesor – investigador de la Universidad Autónoma Chapingo dijo que ante la emergencia alimentaria en que se encuentra México, propiciada por la amenaza de Estados Unidos de abandonar el TLCAN, el Presidente, Enrique Peña Nieto, propone el Acuerdo Agrario con Justicia Social para el Campo Mexicano, cuyos diez lineamientos son un amasijo de conceptos y buenas intenciones cuando lo que se requiere es un Pacto Social que permita al país superar el “yugo” tecnológico en la agricultura y distribución de alimentos.
Urgió, el investigador de Chapingo, un Pacto Social que incluya una política pública para atender la diversidad de productores, particularmente a los que producen para el mercado interno ya que el libre mercado sólo generó inseguridad alimentaria.
Al opinar acerca del Acuerdo Agrario que propone el Gobierno Federal a organizaciones campesinas, indicó que el Estado presenta paliativos y buenas intenciones a quienes generan más del 40% de los alimentos que consumimos y el 57% del empleo en el campo pero “no abandona sus políticas de compra masiva de productos agropecuarios a otros países, particularmente a los Estados Unidos”.
Por ello, planteó una propuesta de 22 puntos para recuperar la viabilidad de las actividades agropecuarias y esto sea un eje para disminuir la pobreza y combatir la desigualdad económica que tiene en el campo.
“El Estado debe reconocer que los avances tecnológicos y comerciales asociados al TLCAN no han superado las necesidades de alimentación de nuestras comunidades marginadas; la política neoliberal de libre mercado sólo nos dio inseguridad alimentaria. La agricultura tecnificada sólo generó dependencia de insumos caros: semillas, fertilizantes, pesticidas y un enriquecimiento de los corporativos internacionales”, argumentó.
Esto lo podemos ver porque a pesar del éxito de la agricultura tecnificada, alrededor de 55 millones de mexicanos carecen de seguridad alimentaria, mientras que en las ciudades los supermercados se encuentran abarrotados de alimentos industrializados y abundan los mexicanos con obesidad, estrés, enfermedades cardiovasculares, diabetes, otros, sostuvo.
Destacó que nuestro país importa alrededor de 10 millones de toneladas de maíz, 6 millones de toneladas de trigo, 5 millones de toneladas de soya, un millón de toneladas de arroz; en síntesis destacamos como importadores mundiales de alimentos por lo que “padecemos de dependencia alimentaria” con 22 millones de toneladas de alimentos importados.
En contraparte tenemos, en México, alrededor del 70% de los productores de subsistencia donde la urgencia es vencer las incompatibilidades entre el sistema burocrático propio de la política pública mexicana, la producción de alimentos en los pequeños productores y nuestra cultura.
Desde su punto de vista, los planteamientos que componen el Acuerdo Agrario con Justicia Social para el Campo Mexicano, no parecen reflejar ningún avance en lo que corresponde a una nueva relación entre el Estado y los productores agrícolas nacionales.
Insistió en que “los diez lineamientos que lo componen son un amasijo de conceptos y buenas intenciones que, en el pasado, ya han sido impulsados sin impactos reales en las condiciones sociales, económicas y productivas de los millones de productores rurales mexicanos”.
Para Gerardo Noriega Altamirano, la naturaleza de dichos lineamientos gubernamentales, no reflejan las necesidades reales que demanda el desarrollo agropecuario, carecen de una visión estratégica que la agricultura debe jugar en esta etapa de desarrollo, ni la participación de los productores, particularmente los pequeños y medianos.
Así, ante las circunstancias económicas internas y globales, dijo, “es el momento oportuno para modificar la política agraria y agrícola, reconvertir al sector y a los millones de pequeños y medianos productores en ejes que garanticen la autosuficiencia y seguridad alimentaria”, precisó el profesor – investigador de Chapingo.
Por ello presentó 22 propuestas que tiene la Universidad Autónoma Chapingo para demostrar que es posible salir de la emergencia alimentaria que padecemos:
- Asumir la autosuficiencia agropecuaria como premisa básica y estratégica del desarrollo rural en nuestro país.
- Promover y alcanzar la seguridad alimentaria de la población mexicana logrando incrementar la producción agrícola, pecuaria, silvícola y pesquera.
- Promover a la milpa, el traspatio y la agricultura orgánica como estrategias productivas en los productores de subsistencia.
- Urge la construcción de una política pública orientada a la producción de alimentos y educación en alimentación.
- Incrementar el presupuesto a las dependencias federales promotoras del desarrollo rural y de fomento a la agricultura.
- Impulsar que el desarrollo agropecuario y rural de nuestro país se base en la eficiencia productiva de los 5.4 millones de unidades económicas rurales.
- Reforzar el mercado interno para los productos de origen agropecuario en nuestro país.
- Fortalecer y crear en su caso, las cadenas productivas en las actividades agropecuarias que garanticen el aprovechamiento total de los bienes de origen agrícola.
- Reactivación de la economía campesina como instrumento de desarrollo económico y social de las comunidades rurales.
- Crear un nuevo andamiaje institucional que facilite la concreción de apoyos a todos aquellos productores que los requieran y que demuestren resultados en sus procesos productivos.
- Facilitar el acceso al crédito y a la adquisición de insumos para la producción a los productores cuyos compromisos eleven la producción de sus productos.
- Crear incentivos que permitan la organización de los productores como un medio de garantizar la eficiencia y rentabilidad de sus procesos productivos.
- Replantear el modelo de comercialización y distribución de los productos agropecuarios.
- Impulsar la constitución de un nuevo modelo de extensión agrícola que permita y garantice el acceso de los productores a las nuevas tecnologías.
- Revalorizar y apoyar las profesiones relacionadas con la agricultura mediante un incremento del soporte financiero a las Instituciones y Universidades que forman recursos humanos para esta esfera de la economía del país.
- Apoyar financieramente los programas de desarrollo científico y tecnológico que llevan a cabo las Universidades.
- Impulsar programas nacionales de restauración de la fertilidad de los suelos, manejo de cuencas y uso eficiente del agua y protección de especies endémicas de México.
- Respeto a la diversidad étnica y cultural, así como recuperación de los saberes agrícolas y las tradiciones productivas de los productores indígenas de nuestro país.
- Recuperar la producción y distribución de semillas, rompiendo los monopolios que las compañías transnacionales actualmente tienen al respecto.
- Impulsar la creación de un programa de sustentabilidad de los procesos productivos en la agricultura mexicana.
- Garantizar la rendición de cuentas entre los diversos sujetos que participan en los procesos productivos de índole agropecuaria (productores, agentes gubernamentales y técnicos).
- Combatir el cáncer de la corrupción en todas y cada una de las esferas que participan en los procesos donde se cuente con apoyos financieros del Estado.
