El Instituto Nacional Electoral (INE) y la Conferencia Nacional de Gobernadores (CONAGO), junto con autoridades electorales federales y estatales, firmaron hoy la Declaración por la Democracia y la Legalidad para el Proceso Electoral 2018, como un compromiso público para que las elecciones del 1 de julio, se realicen en paz, con legalidad, transparencia y al margen de influencias indebidas.
En reunión de trabajo en las instalaciones del Instituto, con la presencia de 10 gobernadores, el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México y representantes de 21 gobiernos estatales, el Consejero Presidente del INE, Lorenzo Córdova, dijo que respetar las reglas del juego democrático es el “punto de partida para que la renovación de los poderes públicos sea un proceso que contribuya a la estabilidad y la paz pública en nuestro país, y que el poder político, legitimado en las urnas, se redistribuya en condiciones de igualdad, así como que el voto sea libre”.
En compañía de la presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Magistrada Janine Madeline Otálora Malassis, y el Titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE), Héctor Díaz Santana, Córdova Vianello aseveró que la Declaración por la Democracia y la Legalidad para el Proceso Electoral de 2018 es la mejor prueba de que los suscribientes comparten la convicción de que las elecciones deben transcurrir sin la intervención de los gobiernos a su cargo.
En tal sentido, estableció que se ha consolidado la colaboración con las autoridades hacendarias, la Unidad de Inteligencia Financiera, el Servicio de Administración Tributaria y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, las cuales “nos permitirán ser notificados de operaciones sospechosas con eventuales recursos públicos, que el INE no sólo conocerá, sino que además va a sancionar”.
Se trata, indicó, de un compromiso “para que la elección se desarrolle al margen de influencias indebidas, que alteren la equidad y la imparcialidad en la renovación de los poderes constitucionales por medio del sufragio”.
El Presidente de la CONAGO, el gobernador de Tabasco, Arturo Núñez Jiménez, llamó a los mandatarios a garantizar el uso responsable e imparcial de los recursos públicos que administran, sobre todo en el manejo de los programas sociales, así como “no caer en la tentación de convertirnos en actores de las contiendas electorales, vía la procuración de justicia, la propaganda oficial o el uso de los tiempos y recursos de los servidores de las administraciones públicas que jefaturamos”.
Afirmó que a los tres órdenes de gobierno les corresponde coadyuvar con las autoridades electorales, con los recursos presupuestales y los apoyos logísticos necesarios, en las tareas de organización de los comicios, a fin de “garantizar la seguridad pública indispensable para cumplir todas las responsabilidades y hacer posible que los ciudadanos puedan ejercer libremente sus derechos políticos para votar y ser votados”.
La presidenta del TEPJF, Magistrada Janine Otálora Malassis, consideró que debe ser prioridad del Estado mexicano garantizar la seguridad y paz social en el desarrollo del proceso electoral. En un Estado de derecho no se puede permitir que existan formas alternas, ilegales e inaceptables, de determinar quiénes van a aparecer en las boletas, ya que con ello se altera la calidad y el resultado del proceso electoral.
Para la celebración de comicios, puntualizó, es indispensable el respeto a la vida y a la seguridad personal. Si no logramos elecciones en paz, refirió, nuestra democracia habrá dejado mucho que desear. “Quiero hacer un llamado a la gobernadora y los gobernadores aquí presentes para que, en el marco de sus competencias y responsabilidades, garanticen la seguridad, tranquilidad y paz social tan necesarias para el adecuado desarrollo de estos procesos electorales”.
Asimismo, exigió que se lleven a cabo las investigaciones necesarias para sancionar a los responsables de la muerte de 31 personas vinculadas a este proceso electoral. La Magistrada subrayó que el TEPJF garantiza “la certidumbre a través del derecho y de la razón, emitiendo siempre resoluciones razonadas, congruentes y argumentadas y, ante todo, apegadas a los principios constitucionales, en aras de proteger los derechos políticos de votar y ser votados en igualdad de condiciones”, finalizó.
Enseguida, el Titular de la FEPADE, Héctor Díaz Santana, precisó que las funciones esenciales de la Fiscalía se sintetizan en: prevenir, investigar y combatir los delitos electorales; es decir, procurar justicia penal electoral con estricto apego al marco normativo constitucional y legal que nos rige, en un régimen democrático que a su vez dispone de una forma republicana de gobierno.
“Nadie tiene la facultad, el derecho o la potestad para condicionar el voto de los electores o romper con los principios de equidad política que las leyes señalan. Quien lo hace comete un delito electoral y debe ser puesto a disposición de un juez para que con respeto a las reglas del debido proceso se le juzgue y sancione conforme a la ley”, agregó.
Dejó en claro que “condicionar programas sociales con fines electorales o desviar recursos públicos en favor de partidos políticos o candidatos, además de violentar los derechos políticos de las personas contamina y empobrece el ejercicio de la política, de las instituciones de la República y de la democracia misma”; por lo que en la FEPADE se trabaja en acciones de blindaje electoral para garantizar que el voto libre y secreto se exprese sin condicionamientos de ningún tipo.
En la reunión, Gobernadores, el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México y representantes de gobiernos estatales ratificaron su compromiso en favor de los valores de la democracia
-como elemento fundamental para el ejercicio de los derechos políticos de los ciudadanos-; refrendaron su compromiso con un proceso electoral limpio y seguro, y manifestaron su confianza en todas las autoridades electorales.
Asimismo, expresaron su plena disposición de fortalecer la legalidad, así como el cumplimiento del Estado de derecho, y promover la civilidad —sobre todo, la indispensable participación ciudadana—, de modo que en el próximo proceso electoral se desarrolle en forma segura, tranquila, libre, con certeza jurídica, y que se convierta en una fiesta de la civilidad y de la democracia mexicana.
