Los Comisionados José Antonio De la Torre Dueñas, Julieta Del Río Venegas y Samuel Montoya Álvarez, conocieron y aprobaron los resultados que arrojó el procedimiento de verificación y seguimiento del cumplimiento de las obligaciones de transparencia que deben publicar los titulares de las dependencias y entidades del Poder Ejecutivo, los integrantes del Poder Legislativo y Judicial, dirigencias estatales de los partidos políticos, municipios, órganos autónomos, sindicatos, sistemas de agua potable y fideicomisos en la Plataforma Nacional de Transparencia.
Como se informó anteriormente, desde el 14 de mayo el grupo de verificadores realizó una revisión puntual sobre las obligaciones del primer trimestre de 2018.
El Pleno del Instituto Zacatecano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (IZAI), determinó que los resultados se darán a conocer en conferencia de prensa el próximo 19 de julio en las instalaciones del organismo garante, y así mismo ese día se enviarán los dictámenes correspondientes para el inicio de su solventación.
De la Torre Dueñas, Comisionado Presidente, reconoció el gran esfuerzo de la Dirección de Tecnologías de la Información del IZAI y de la propia Comisionada Del Río Venegas, quien es la encargada de coordinar este tema en Zacatecas.
En este proceso, el equipo de verificadores revisó la información de 173 sujetos obligados de Zacatecas, desglosados en 52 entidades del poder Ejecutivo, 2 del Legislativo y una del Judicial; 58 ayuntamientos, 6 organismos autónomos, 9 partidos políticos 2 fideicomisos y fondos públicos, 29 sistemas de agua potable, así como 14 sindicatos que reciben y ejercen recursos públicos.
Dentro de las obligaciones de transparencia que marca la Ley para todos los sujetos obligados, se verificó que tuvieran actualizado su marco normativo, estructura orgánica y atribuciones del personal, información referente a sueldos y viáticos, contrataciones y gastos en publicidad oficial, así como informes de ejercicio presupuestal entre otros.
Además, se revisaron las obligaciones de transparencia específicas para los entes del poder ejecutivo y municipios como sus planes de desarrollo, información sobre créditos fiscales y actas de sesiones.
Entre otros, los sujetos obligados del Poder Legislativo deben transparentar la agenda legislativa, versiones estenográficas, iniciativas de ley o decretos por Comisiones y dictámenes y resoluciones.
En el caso del Poder Judicial, se auditó la carga de versiones públicas de sentencias de interés de la sociedad, los procesos mediante los cuales se designaron los jueces y magistrados, y la lista de acuerdos que diariamente se publican.
El padrón de afiliados de cada partido político, minutas de las sesiones y el listado de aportantes a las campañas políticas, son algunas de las obligaciones de transparencia que se verificaron en sus portales de obligaciones.
Para los organismos autónomos, cada uno se verificó conforme a la información específica que debe cargar, según el artículo 44 de la Ley de Transparencia. En el caso de los sistemas de agua potable, se tomó en cuenta la normativa de cada uno para revisar sus obligaciones específicas de transparencia.
De los fideicomisos y fondos públicos se revisó que cargaran el uso y destino del patrimonio que administran, saldo total al cierre del ejercicio fiscal y el padrón de beneficiarios.
Respecto a los sindicatos, la información sobre convenios con autoridades, padrón de socios y el detalle del ejercicio y destino final de los recursos públicos que ejercen.
En la sesión ordinaria, el Comisionado Presidente resolvió un recurso de revisión interpuesto en contra de la Universidad Tecnológica del Estado de Zacatecas, derivado de la respuesta incorrecta a una solicitud de información acerca de depósitos del fondo de ahorro del personal sindicalizado y de confianza, desde enero de 2018 a la fecha.
De la Torre Dueñas explicó que durante el proceso el sujeto obligado no entregó la información que se le solicitó, por lo cual el Pleno declaró fundado el motivo de inconformidad e instruyó al sujeto obligado para que en un plazo de 5 días hábiles entregue la información.
Bajo la ponencia de Del Río Venegas también se analizaron dos recursos interpuestos en contra del Ayuntamiento de Mazapil y el Sistema Estatal de Desarrollo Integral de la Familia, los cuales fueron sobreseídos tras la entrega de información.
