Javier Eduardo López Macías, Presidente de la Unión Nacional Integradora de Organizaciones Solidarias y Economía Social, llamó al Presidente Electo, Andrés Manuel López Obrador, a que en su Ley de Amnistía la cual será su principal estrategia de gobierno incluya a los cerca de 7 mil indígenas que están presos en cárceles del país y quienes en su mayoría reportan procedimientos judiciales irregulares.
Consideró que si el crimen organizado puede estar incluido en esta estrategia de gobierno bien pueden entrar todos aquellos indígenas que han carecido de asistencia, intérpretes y defensores capacitados para llevar a cabo eficientes procesos judiciales.
En entrevista a medios el líder social de UNIMOSS consideró que el proceso de pacificación del país que propone el Presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, en lo que se contemplan los foros que iniciaron el 7 de agosto y concluirán el 24 de octubre, si bien van a incluir planteamientos de víctimas, sociedad civil y organizaciones internacionales porqué no incluir la problemática de quienes por falta de educación, no hablar español y de una buena defensa que traduzca los delitos de que se les acusa, se mantienen en cárceles federales del país.
López Macías expuso que en las cárceles federales hay indígenas presos por robar un pan hasta por defender sus territorios de los actuales megaproyectos derivados de la Reforma Energética, de tal suerte que de acuerdo a datos oficiales de la Cámara de Diputados, en México existen cerca de 7 mil indígenas y en el 80% de los casos se violó el debido proceso.
Detalló que en la mayor parte de estos casos están vinculados al fuero federal y se concentran en los estados de Oaxaca, Chiapas, Puebla y Veracruz.
Asimismo se reportan deficiencias en el trabajo de los ministerios públicos y jueces e incluso se argumenta que el seguimiento de estos casos, donde los indígenas no cuentan con un traductor, generan cargas de trabajo y aplicación de presupuesto para darle seguimiento.
Por ello, instó al próximo Jefe de la Nación a incluir de inmediato en esta Ley de Amnistía a los indígenas presos y garantizarles la asistencia de traductores de lenguas como: Nahuatl, Zapoteco, Maya, Tzeltal y Tzotzil, a fin de frenar la violación de sus derechos humanos y procesales.
Igualmente exhortó tanto a la Presidencia de la República entrante como al Consejo de la Judicatura Federal y a la Procuraduría General de la República a considerar, para el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2019, una partida presupuestal que garantice el derecho de los indígenas, bajo cualquier proceso judicial, ser asistidos por intérpretes y defensores que tengan conocimiento de su lengua y de su cultura.
Lo anterior debido a que la autoridad jurisdiccional local suele argumentar que designar un traductor o interprete a un indígena durante un proceso penal implica presupuesto en los rubros del mismo proceso judicial, del traductor o interprete en su contratación, en la asistencia a sus audiencias y en viáticos como traslados, alimentos y hospedaje.
