Filomeno Pinedo Rojas. 1-07-19.
Hace tres semanas comenzaron los foros de Parlamento Abierto de la Cámara de Diputados para discutir una iniciativa de Reforma Electoral y del Estado, la cual plantea desaparecer los Organismos Públicos Locales Electorales (Oples), para dejarle toda la responsabilidad de organizar las elecciones al INE. Eventualmente también se eliminarían los Tribunales Electorales Estatales y se disminuiría en 100 el número de diputados federales. El ajuste está basado en el principio de austeridad republicana.
Llama la atención el motivo por el que se proponen estos y otros cambios en la iniciativa en discusión, porque si bien es cierto que los Oples son ahora entes subordinados y dependientes del Instituto Nacional Electoral, su origen, objetivo y funciones derivan de las constituciones estatales que emanan de poderes soberanos en cada entidad integrante de la federación, y, los ordenamientos jurídicos que de ellas se derivan, y sus reglas de operación no siempre son similares al del órgano nacional.
El carácter libre y soberano de cada Estado integrante de la Federación, explica porque puede haber legislaciones de mayor avance democrático en algunas de ellas, respetando la Carta Magna, y en ocasiones superándola, como el caso Zacatecas, donde se cuenta con dos diputados migrantes que son la voz y representación legislativa de los zacatecanos residentes en el extranjero, cuestión esta que no tienen otros estados con alto porcentaje de población emigrada a otros países.
Además, los Oples son instituciones que organizan y se hacen responsables de la elección de representantes populares: Gobernador, diputados e integrantes de los ayuntamientos, que en uso de su soberanía cada entidad define con sus tiempos y procedimientos sin violar la Constitución. Además, cuentan con patrimonio propio, asignado por el Poder Legislativo local, con cargo al Presupuesto de Egresos del Estado de que se trate. Entonces, si el problema es la austeridad, que se justifica por sí misma, ¿porqué no pensar en la disminución de salarios y gastos que se consideren dispensables y que toda la operación de los Oples consuma solo lo justo?.
Todo esto, en lugar de su eliminación junto con los tribunales electorales estatales, además, de paso, regresarle la prerrogativa a las legislaturas estatales, de nombrar a los consejeros electorales, que les fue arrebatada por el INE para que no fueran “secuestrados por los gobernadores”. De un secuestro a otro, pero con cargo a las arcas de cada entidad. Esto parece atentar contra el federalismo y la libertad y soberanía de los estados, y claro que es debatible. Porque, casi se anuncia, que luego serían las Comisiones Estatales de Derechos Humanos, las instituciones de transparencia y párele de contar.
Veamos ahora la reducción de 100 diputados federales para ahorrar. La historia nos dice que la democracia representativa avanza cuando se incluyen más sectores y se acerca a los representantes con sus representados, no a la inversa. Porque si las reformas electorales de los setentas y ochentas del siglo pasado en México, fueron para que la política no se diera con las armas sino en el parlamento, por la vía del sufragio, y que la diversidad política del país quedara representada en la Cámara de Diputados, según la filosofía de Jesús Reyes Heroles, cuestión que ayudó a resolver el problema de la guerrilla y la presión de los movimientos sociales, ¿porqué acotar la representación en lugar de ampliarla?
Otra vez. Si el problema es el gasto, pues que los diputados ganen menos y tengan menos prerrogativas onerosas y como dijo alguien, con menos puede hacerse más representación de los ciudadanos. Solo recordemos: en la reforma electoral de diciembre de 1986 había 75 Millones de habitantes en México y se decidió que hubiera 500 diputados. Ahora somos casi 130 Millones de mexicanos y se quiere reducir a 400 en lugar de aumentarlo a 866 para que siga habiendo la misma representación política de los mexicanos. Esto es una regresión de la democracia.
Se entiende que los problemas más álgidos que padecen los mexicanos tienen que ver con la corrupción, inseguridad, desigualdad social y otros, pero, la representación política y el Estado Democrático no deben reñir con el principio de austeridad. Hagamos más representación política de los ciudadanos con menos gasto. ¡Este es el reto!
