Ante la reducción al presupuesto 2020 solicitado por el Instituto Nacional Electoral (INE), consejeras y consejeros electorales dieron a conocer el siguiente posicionamiento público:
Desde su fundación en 2014, el INE (y el IFE antes que nosotros) ha cumplido una serie de delicadas tareas que son indispensables para el pleno ejercicio de los derechos ciudadanos y para la recreación pacífica y democrática de nuestra intensa pluralidad política e ideológica.
Los últimos años dan cuenta de que en México se ha edificado un sistema electoral que ha fortalecido las condiciones para un ejercicio libre de los derechos políticos y para la celebración de contiendas electorales más equitativas, ciertas y transparentes, en las que son las y los ciudadanos –y nadie más que ellos– quienes con su voto libre deciden quién nos gobierna y nos representa; son ellos quienes en las urnas premian o castigan las buenas o malas acciones de gobierno. Así ha venido ocurriendo y así ocurrió en 2018, cuando fueron electas mediante comicios incuestionables las actuales autoridades federales y muchas de las locales.
Son, en suma, tiempos de una realidad democrática en los que las elecciones no son ya, como en el pasado, un problema, sino uno de los pilares sobre los que se funda la paz pública, la convivencia pacífica de nuestra diversidad y pluralidad, así como la estabilidad política, social y económica que dependen, inevitablemente, de comicios ciertos, confiables y transparentes.
El INE es el órgano garante de los derechos y libertades políticas de las y los ciudadanos y el responsable de que la competencia electoral sea libre y equilibrada y, con ello, sea la fuente de la legitimidad de los gobiernos democráticamente electos.
Para ello, se requiere conservar y fortalecer tanto la autonomía de la institución, como su estructura de personal profesionalizado permanente, acompañado de la participación central de las ciudadanas y los ciudadanos en los procesos electorales.
Sin duda, hay cosas por hacer y mejorar en el futuro, en ello va nuestro esfuerzo y compromiso permanente, pero los resultados están a la vista de todas las personas: los avances en las condiciones de imparcialidad, certeza y equidad han posibilitado múltiples alternancias, de las que se han beneficiado todas las fuerzas políticas sin excepción; estabilidad política y que el modelo mexicano se haya posicionado como un caso de éxito a escala internacional.
La historia política de nuestro país ha creado un complejo sistema de elecciones para enfrentar la desconfianza de partidos y candidatos, justificable a partir de los fraudes que hace décadas ocurrían en nuestro país.
Mantener actualizado y seguro el Padrón Electoral, emitir anualmente alrededor de 16 millones credenciales para votar con múltiples datos biométricos, credencializar a medio millón de ciudadanos mexicanos residentes en el extranjero al año, sortear a más de doce millones de ciudadanas y ciudadanos en cada elección federal, visitarlos, capacitar a más de un millón y medio de ellos, instalar más de 156 mil casillas para acercarlas al electorado, imprimir material electoral en papel seguridad, garantizar su custodia permanente, votar en boletas con talones foliados, organizar el voto desde el extranjero, desarrollar programas de resultados preliminares y de Conteo Rápido, hacer los cómputos en los distritos, organizar los recuentos de votos, procesar impugnaciones, fiscalizar los recursos ordinarios de los partidos y de miles de candidatas y candidatos en las campañas, monitorear permanentemente más de 2 mil señales de radio y televisión en todo el país, contar con un Servicio Profesional Electoral, mantener en funcionamiento 32 Juntas Locales y 300 Juntas Distritales, son parte de los candados y las medidas incorporadas, en las últimas tres décadas, a nuestro sistema electoral para generar certeza en las elecciones. Más que un costo se trata de una inversión que el país decidió hacer para contar con un sistema electoral que nos ha dado estabilidad política y paz social.
Ninguna de las complejas tareas que despliega el INE se deben al capricho de sus consejeras o consejeros: al contrario, son mandatos constitucionales y legales que los propios actores políticos han exigido y pactado en el Congreso de la Unión para competir, pacífica e institucionalmente por el poder político y con ello ofrecer certeza en el ejercicio de los derechos de la ciudadanía y el fortalecimiento de las condiciones de competencia.
Eso es lo que el INE garantiza: que sea a través del voto libre y secreto como se defina cada puesto de gobierno y de representación popular. El sufragio efectivo, ese anhelo histórico de nuestro país hoy es una realidad y no debe sacrificarse por motivo alguno.
Las elecciones creíbles, vigiladas, con múltiples candados de seguridad y organizadas por una institución autónoma e independiente, han sido una construcción colectiva, y ciertamente requieren recursos públicos.
Todas las instituciones del Estado estamos obligadas a garantizar un ejercicio eficiente de los recursos asignados, pero el fortalecimiento de la democracia es una inversión necesaria para preservar los logros que tanto nos han costado como país. Sacrificar la democracia y las elecciones libres y genuinas organizadas por una autoridad electoral autónoma, independiente e imparcial significaría, además de un lastimoso retroceso histórico, un enorme costo social y político, e incluso económico.
En este contexto, el INE presentó una solicitud de presupuesto para el año 2020 que ascendía a 12 mil 493 millones de pesos. Se trató de un monto calculado sin excesos, para poder cumplir cabalmente todas las funciones, atribuciones y servicios bajo nuestra responsabilidad. No obstante, la actual legislatura decidió imponerle al INE una grave reducción al monto solicitado. El recorte de mil 71.5 millones de pesos aplicado el viernes pasado es el más alto en la historia de la autoridad electoral.
En un contexto en el que se han presentado un conjunto de iniciativas que, de proceder, pondrían en riesgo su autonomía, el INE es afectado con recortes cada vez mayores que colocan en una potencial zona de riesgo sus funciones y ponen al límite su capacidad operativa. Y ello ocurre ahora, precisamente, en el año en el que tendremos que iniciar la preparación de la que será la elección más grande de la historia, tanto por el número de electores –que se estiman en alrededor de 96 millones–, como por el número de cargos de elección popular federales y locales que estarán en disputa: 3 mil 495, que significan 260 más que en 2018.
Este recorte nos coloca en un límite crítico en materia presupuestal. Nos obliga a revisar múltiples proyectos, a posponer varias inversiones de las que depende un buen servicio a la ciudadanía y la calidad de la organización y el arbitraje electoral, e incluso nos obliga a revisar algunos de los convenios de colaboración que hemos suscrito, y que hoy suponen que le demos servicios gratuitos a varias dependencias del gobierno federal, para enfrentar el déficit presupuestal con el que arrancaremos el próximo año.
En materia salarial el INE siempre se ha sujetado a la Constitución y a los límites de remuneración. Cabe subrayar que desde este año, 2019, la Junta General Ejecutiva atendió la disminución de salarios que determinó la Cámara de Diputados para este ejercicio fiscal. Distintos trabajadores del Instituto decidieron acudir a instancias judiciales para que se revise la constitucionalidad de esa decisión. El INE ha acatado de manera puntual las resoluciones de los jueces en esta materia.
El próximo 11 de diciembre el Consejo General adecuará de manera definitiva el presupuesto de la institución para el 2020 para ajustarse así a lo autorizado por la Cámara de Diputados. Hasta entonces continuaremos analizando las medidas y la afectación a las partidas presupuestales que menos daño le provoquen a la operación de la institución, privilegiando siempre salvaguardar y afectar en la menor medida posible los servicios que le brindamos a las y los ciudadanos, en primer lugar, la expedición de la Credencial para Votar con Fotografía, y la calidad de las elecciones de 2020 y del proceso electoral 2020-2021.
Sin embargo, podemos anticipar que al menos tres áreas importantes sufrirán afectaciones presupuestales:
- La reducción hará imposible la inversión necesaria para renovar la infraestructura informática que permite realizar el monitoreo permanente de 2 mil 200 canales de radio y televisión, a pesar de que esos aparatos ya llegaron al final de su vida útil y en cualquier momento pueden, por su uso y obsolescencia, presentar fallas en ese servicio.
- Se tendrá que suspender la inversión programada en la infraestructura física en los módulos de atención ciudadana, que tenía el propósito de brindar una atención más eficiente y adecuada a las y los ciudadanos que acuden a tramitar su credencial para votar y hacer modificaciones a su situación registral.
- Tendremos que revisar los calendarios con los que pensábamos operar el inicio del proceso electoral federal 2020-2021, para posponer hasta el límite aquellas decisiones y procesos que mandata la ley, como la instalación de los órganos colegiados del INE, responsables de la operación desconcentrada de la elección, para tratar de generar el mayor ahorro posible para atender el déficit que genera el recorte aplicado por las y los diputados al Instituto.
El INE enfrentará esta delicada situación con mucha responsabilidad. Por eso realizaremos las adecuaciones presupuestales haciendo todo lo humana e institucionalmente posible para que las medidas que adoptemos afecten lo menos posible los servicios que brindamos a la ciudadanía, la calidad de las elecciones y los derechos laborales de las y los trabajadores del Instituto. Esos aspectos han sido, son y seguirán siendo nuestra prioridad principal.
El próximo año será un año, insistimos en ello, en el que INE se verá obligado a operar en el límite y en una zona de potencial riesgo presupuestal, de manera permanente. De hecho, resultará inevitable iniciar el ejercicio 2020 con un déficit financiero que procuraremos ir subsanando con medidas extraordinarias de ahorro y disciplina presupuestaria a lo largo del año.
Sin embargo, como ha ocurrido, el Instituto le cumplirá una vez más a la ciudadanía. A ella nos debemos y para ella trabajamos todo el tiempo. En tal sentido, a las y los consejeros electorales nos importa subrayar que seguiremos defendiendo la autonomía jurídica y política del Instituto y nuestra independencia decisional.
Las autonomías constitucionales y los mecanismos institucionales de control en un sistema democrático, como los que ejerce el INE, no se concibieron para estar en contra de algún gobierno o fuerza política. La autonomía y los contrapesos en una democracia se diseñaron para evitar los excesos de los poderes públicos y para evitar que el ejercicio de los derechos fundamentales se encuentre en riesgo.
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