Además de la gestión de los recursos públicos y la creación de políticas públicas favorables para la sociedad, el gobierno también debe cumplir eficazmente con sus funciones administrativas y brindar un marco legal que garantice el buen desempeño de la esfera económica y civil. Sin embargo, la reciente pandemia por COVID-19 ha impactado en todas las esferas de la vida pública, incluyendo los servicios administrativos públicos cuyo funcionamiento se han visto afectado.
Como autoridad administrativa, el gobierno tiene el deber de facilitar a los ciudadanos la realización de trámites personales y el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, e impulsar el desarrollo de nuevas empresas que impacten positivamente en el desarrollo socioeconómico de la región. Dichas tareas de gobierno requieren necesariamente de la aplicación de una serie de trámites, permisos y servicios administrativos que los gobernantes, ciudadanos y empresas están obligados a cumplir. La función esencial de estas normas es mantener un correcto orden legal y generar un entorno de confianza y transparencia. Pero la realidad es que en muchas ocasiones dichos procesos son lentos, demasiado restrictivos o difíciles de entender, además de que existe un riesgo latente de corrupción en trámites sensibles.
Para solucionar esta problemática, existen dos estrategias complementarias: los Programas de Mejora Regulatoria, y la digitalización completa de trámites y servicios. La situación actual ha acelerado un proceso necesario, y nos obliga a buscar alternativas para cubrir las tareas propias de la administración pública. Por ejemplo, recientemente el SAT abrió nuevos servicios por internet para que los ciudadanos y las empresas puedan cumplir con sus obligaciones fiscales, y el INEGI diseñó la Encuesta Telefónica de Ocupación y Empleo (ETOE), cuyo objetivo es ofrecer información relevante para monitorear la situación de la ocupación y empleo en el periodo de contingencia del COVID-19.
Ya en el Índice de Competitividad Estatal 2018 el IMCO presentó un capítulo dedicado a la digitalización de servicios públicos. De acuerdo con una encuesta del IMCO, sólo el 48.1% de los mexicanos dijo quedar satisfecho con el tiempo destinado a realizar trámites de servicios municipales, mientras que el 52.7% reportó su insatisfacción con el tiempo de atenciones médicas de urgencia, y sólo el 22.6% de los mexicanos dijo haber quedado satisfecho con el trato recibido por autoridades de seguridad pública. Todos estos trámites tienen en común que se realizan de forma presencial, los cuales son un 74% más lentos y le cuestan al gobierno cincuenta veces más que un trámite digital. Además, los trámites que se realizan mediante la interacción personal son más proclives a la corrupción, debido a la libertad con la que cuentan los funcionarios de ventanilla para rechazar un trámite argumentando pequeños detalles.
Por su parte, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en su estudio El fin del trámite eterno (2018) señala que en promedio en nuestro país se necesitan casi 7 horas para realizar un trámite, superior a la media de 5 horas y media en América Latina, y el 73% de los trámites estudiados en México fue catalogado como difícil de realizar, al requerir más de dos horas de tiempo invertido y más de una interacción con un servidor público para finalizarlo. En otras palabras, cada que realizan un trámite los ciudadanos pierden el tiempo equivalente a una jornada laboral; esto representa un alto costo no sólo para los ciudadanos, sino para el gobierno y todo el país.
Desde 2015 a nivel federal se han puesto en marcha los Programas de Mejora Regulatoria (PMR), que tienen como objetivo mejorar la regulación vigente e implementar acciones para simplificar los trámites y servicios de la Administración Pública. Para que esta mejora regulatoria sea una realidad la digitalización es una estrategia central e indispensable.
En un escenario ideal, los ciudadanos deberían poder acceder a todos los trámites y realizarlos completamente en línea, desde cualquier dispositivo, y encontrar información sobre sus derechos y obligaciones públicas –de todos los niveles de gobierno– en un solo lugar, en un lenguaje y formato sencillos. Muchas de estas medidas ya se encuentran plasmadas en la Estrategia nacional de mejora regulatoria, publicada por el Gobierno Federal, una excelente hoja de ruta para concretar estos cambios también a nivel estatal y en los ayuntamientos.
La meta es lograr un gobierno más eficiente y que atienda de manera óptima las necesidades y derechos de ciudadanos y empresas, facilitarles el cumplimiento de sus obligaciones, lograr una mayor transparencia en la administración pública, e impulsar la creación de nuevas empresas con el fin de promover el bienestar y crecimiento económico del país. Es claro que el buen funcionamiento de la administración pública permite una mayor cercanía entre los gobernantes, las instituciones y los ciudadanos, haciendo honor a uno de los propósitos del Estado: ser una entidad encargada de regular la vida civil y ofrecer condiciones favorables para que todos los habitantes puedan desarrollarse social y económicamente.
