La LXIII Legislatura llamó al gobierno estatal a incrementar el número de pruebas que se aplican para confirmar casos positivos de Covid-19 de forma que puedan detectarse los contagios, inclusive los asintomáticos, para poder frenar de manera efectiva las cadenas de transmisión del virus.
Asimismo, las y los diputados exhortaron al gobernador Alejandro Tello para que se transparenten los recursos que hasta ahora se han destinado a estas pruebas desde el gobierno estatal.
El legislador que propuso la iniciativa, Francisco Javier Calzada Vázquez, aseguró que a diferencia de lo que ocurre en otros países y en otras partes del territorio mexicano, en Zacatecas no se están aplicando las pruebas suficientes para detectar a los casos positivos, incluidos los que son asintomáticos.
Señaló que ha prevalecido una actitud pasiva de las autoridades de la Secretaría de Salud del estado ya que “esperan a que alguien llame al 911” o a que las personas inviertan de sus recursos para aplicarse las pruebas por su cuenta.
Además, agregó que una vez que se confirma un contagio, el cerco epidemiológico sólo se centra en el círculo familiar cercano, dejando de lado los contactos comunitarios que haya tenido el paciente en su vida cotidiana.
Es por ello que el llamado al gobernador se hizo, por un lado, para que “se universalice la aplicación de pruebas de detección en todo el estado de Zacatecas, de manera que se identifiquen todos los casos, incluso los asintomáticos, y se incremente la inversión estatal para la atención de la salud de los zacatecanos”.
Por otro lado, el diputado señaló que cada prueba tiene un costo de entre 3 mil 500 y 5 mil pesos por lo que, si se han aplicado 14 mil 570 de acuerdo al reporte oficial, se hablaría de una inversión de 51 millones de pesos.
No obstante, subrayó que de esta cantidad no se precisa cuánto porcentaje fue aportado por los particulares y cuánto fue asumido por el gobierno estatal, así como por el federal.
Ante esta situación, el exhorto también incluyó un llamado para que se transparente la inversión que han hecho concretamente las autoridades estatales en las pruebas para detectar casos positivos de Covid-19.
Buscan romper con las afectaciones por sequías, mediante la producción de cultivos alternativos
La vulnerabilidad del campo zacatecano se pone de manifiesto cada año con sequías recurrentes que dejan graves afectaciones económicas entre los productores. No obstante, el clima árido y semiárido que prevalece en el 90 por ciento del territorio estatal debe aprovecharse para impulsar la producción de cultivos alternativos.
Así lo expuso el diputado Armando Perales Gándara, quien planteó un punto de acuerdo que fue aprobado por unanimidad en el Pleno de la LXIII Legislatura y con el que se busca que todas las autoridades del sector agropecuario tanto estatales como federales se enfoquen a desarrollar una estrategia que fomente un giro en la agricultura para salvar los problemas de la falta de lluvia que hay en la entidad.
Particularmente, el llamado se dirigió a la Comisión Nacional de Zonas Áridas, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, la Comisión Nacional Forestal, la Comisión Nacional del Agua, el Fideicomiso de Riesgo Compartido y la Secretaría del Campo del estado de Zacatecas.
El objetivo es que, a la brevedad, se coordinen para implementar un proyecto de rescate de los municipios más afectados por las sequías, que son Francisco R. Murguía, Villa de Cos, Concepción del Oro, Melchor Ocampo, El Salvador y Mazapil, en el que se trabaje en la cosecha de cultivos alternativos como orégano, peyote, gobernadora, cholla, damiana, yuca, nopal, ocotillo, mezquite, agaves, cactáceas y nopal forrajero, entre otras especies.
Un segundo llamado fue para la Comisión Nacional del Agua a fin de que inicie el proceso de supresión de la veda en el río Aguanaval, ya que es el de mayor caudal y atraviesa la zona del semidesierto, con el objetivo de poder cumplir con el primer exhorto y así llevar a cabo los nuevos proyectos de cultivos alternativos.
En la iniciativa avalada por las y los diputados se expone que los estos cultivos alternativos “ayudan a reducir la vulnerabilidad de las familias que, debido a las condiciones climatológicas, no logran cosechar su cultivo base de temporadas; se incrementa su capacidad adaptativa para impulsar sus capacidades para el desarrollo de proyectos productivos; y les ayudan a romper el ciclo del monocultivo y obtener recursos adicionales”.
En la discusión de la iniciativa, el diputado Francisco Javier Calzada Vázquez se inscribió para hablar a favor y también intervinieron los legisladores Armando Perales y Adolfo Zamarripa.
Se turna denuncia de la síndica de Zacatecas a la Auditoría Superior del Estado
La LXIII Legislatura envió a la Auditoría Superior del Estado el escrito con la denuncia de la síndica municipal de Zacatecas en contra de varios servidores públicos del ayuntamiento, debido a que la Comisión legislativa de Vigilancia no es competente para analizar este documento.
En el mes de junio esta comisión recibió el oficio que contenía la denuncia de la síndica de la capital Ruth Calderón Babún y, tras revisar el documento, las y los diputados integrantes de este órgano legislativo determinaron que no tienen competencia para conocer ni resolver los hechos que se exponen en la denuncia.
Esto se debe a que en las reformas constitucionales en materia de combate a la corrupción a nivel nacional, publicadas el 27 de mayo de 2015 en el Diario Oficial de la Federación, se determinó “que las legislaturas estatales dejaran de conocer de los procedimientos de responsabilidad administrativa, con la finalidad de garantizar la imparcialidad y objetividad en la investigación y resolución de los asuntos”.
Garantizan los derechos de niñas y niños en proceso de adopción
Para establecer un marco legal que proteja los derechos de los menores de edad en situación de adopción o en proceso de asignación de una familia, las y los diputados reformaron la Ley de Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del estado.
La modificación, que fue presentada por la diputada Perla Guadalupe Martínez Delgado, incluye en la norma la visión internacional que debe prevalecer en torno a los derechos de la infancia y que se basa en tener en cuenta la opinión de los niños y jóvenes, y en garantizar sus derechos e intereses superiores.
“Los niños y niñas tienen derecho a expresar sus puntos de vista o necesidades cuando se encuentren inmersos en un proceso de adopción para que se consideren seriamente y se les conceda el debido valor al momento de tomar una decisión”, se expone en el documento aprobado y se concluye que es obligación de las autoridades atender estas demandas.
Entre los cambios que se introducen en la ley está la facultad de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes de realizar verificaciones posteriores al proceso de adopción y asignación de los infantes, las cuales deberán ser permanentes, “con el objetivo de tener la seguridad que se siguen cumpliendo con los parámetros de evaluación, y asegurar que se mantienen a salvo los derechos de las niñas, niños y adolescentes y no existe riesgo para ellos”.
Reducir la deserción escolar, garantizando una alimentación suficiente de los estudiantes
El reconocimiento de la importancia de tener acceso a una alimentación sana, variada y suficiente para lograr un buen desempeño escolar es el eje central de una reforma aprobada por la LXIII Legislatura a la Ley de Asistencia Social de la entidad.
Las y los legisladores coincidieron con la diputada Aída Ruiz Flores Delgadillo, quien presentó esta iniciativa, en la necesidad de garantizar que las niñas, niños y adolescentes puedan comenzar sus jornadas educativas con un desayuno que permita su buen rendimiento en las aulas.
Sostuvieron que, sin esta primera comida, se producen “desbalances físicos que alteran o condicionan la conducta del menor estudiante, influyendo de forma negativa en el rendimiento físico e intelectual en su centro escolar o en su hogar”. Es un factor, por tanto, que puede conducir incluso a la deserción escolar.
Por ello, se reformó la legislación para que exista la obligación de implementar un programa más amplio de desayunos escolares en los diferentes niveles educativos.
Durante el análisis de la iniciativa propuesta, se incorporó una modificación relacionada con la viabilidad financiera. En este sentido, se consideró pertinente establecer que estas acciones deberán ir acorde con los presupuestos que tienen disponibles las áreas encargadas de llevar a cabo esta estrategia.
Acceso a la cultura para niñas, niños y adolescentes
El acceso a la cultura es un derecho de la población y es indispensable desde el inicio de la vida, por lo que garantizar que las niñas, niños y adolescentes puedan estar en contacto con actividades culturales es fundamental para lograr su desarrollo pleno.
Por ello, las y los diputados aprobaron una reforma propuesta por el legislador Edgar Viramontes Cárdenas, con la que se busca establecer la obligación de las autoridades de permitir que la infancia y juventud zacatecana acceda a este tipo de actividades.
Entre las modificaciones se contempla determinar que “las autoridades estatales y municipales deberán aprovechar su infraestructura y recursos; el uso y desarrollo de los medios de comunicación oficiales y de las nuevas tecnologías a su alcance; lo mismo que su vinculación con las empresas de la industria cultural, a fin de promover y difundir todas sus expresiones para que las niñas, niños y adolescentes de la entidad cuenten con elementos de aprendizaje y acercamiento a la cultura y las artes”.
El Pleno de la LXIII Legislatura consideró que las expresiones artísticas como forma de relacionarse entre los niños, a partir de los lenguajes expresivos como cantar, jugar, imaginar, crear, leer o explorar, contribuyen a construir relaciones afectivas entre los niños y los adultos que lo rodean, influyendo positivamente en su desarrollo”.
Amplían el plazo a la Auditoría para que entregue los informes individuales
Las y los diputados otorgaron una prórroga a la Auditoría Superior del Estado para la presentación de los informes individuales de las cuentas públicas del gobierno estatal y de la Junta Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de Zacatecas (Jiapaz), correspondientes al ejercicio fiscal 2019.
Esta ampliación de los plazos fue solicitada por el auditor Superior del Estado Raúl Brito Berumen debido a los retrasos que tuvieron en sus trabajos de revisión y conformación de los informes a consecuencia de la emergencia sanitaria provocada por el Covid-19.
De acuerdo con la Constitución y la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas Públicas, la Auditoría debe entregar a la Legislatura el Informe General Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización dentro de los seis meses posteriores a la presentación de las cuentas públicas.
No obstante, la propia legislación contempla el otorgamiento de prórrogas en situaciones extraordinarias como las que actualmente se viven. Por ello, se aprobó conceder un plazo adicional de 20 días hábiles a partir de que este acuerdo sea publicado en el Periódico Oficial del Estado.
INICIATIVAS
Comisión Especial para el Seguimiento a la Implementación de la Agenda 2030
Este jueves se propuso crear al interior del Poder Legislativo del estado una Comisión Especial para el Seguimiento a la Implementación de la Agenda 2030 en el estado de Zacatecas, que estaría conformada por todos los grupos parlamentarios y por los diputados que no conforman una fracción.
La diputada María Edelmira Hernández Perea planteó la iniciativa que fue turnada a comisiones para su análisis y destacó que se requieren instancias como ésta para “acelerar las soluciones” en materia de desarrollo sostenible para alcanzar los objetivos que México se ha comprometido a cumplir.
Con esta creación se seguiría la ruta fijada desde el Senado de la República, donde el pasado 7 de julio también se creó una comisión especial en este ámbito.
La comisión especial, sostuvo la legisladora, no supone un costo adicional en materia de presupuesto en el Poder Legislativo y, además, garantizaría que las próximas legislaturas continúen trabajando en pro de esta agenda.
Para ello, la estructura que se propone es la planteada en la Estrategia Nacional para la implementación de la Agenda 2030, que encabeza la Jefatura de la Oficina de la Presidencia de la República y que incluye una figura de vinculación política y otra técnica.
En caso de ser creada, la comisión especial podrá emitir opiniones técnicas, observaciones o recomendaciones no vinculantes en los asuntos que competan a la Agenda y tendrá la posibilidad de enviarlas a las dependencias de la Administración Pública Estatal que se vinculen directamente a los Objetivos del Desarrollo Sostenible.
Asimismo, estará facultada para realizar foros, talleres, conversatorios, simposios y consultas con titulares de las dependencias estatales y federales; mantener reuniones con académicos, sociedad civil e iniciativa privada; e implementar cualquier mecanismo adicional de parlamento abierto.
Difundir y promover los derechos de la infancia en Zacatecas
La diputada Carolina Dávila Ramírez propuso reformar la Ley de la Comisión Estatal de Derechos Humanos del estado para establecer, de manera expresa, la obligación de este organismo de impulsar campañas de divulgación y promoción de los derechos de niñas, niños y adolescentes.
En la iniciativa se plantea incluir una fracción en el artículo 8 de esta norma para que la comisión deba implementar acciones encaminadas a “la protección efectiva, observancia, promoción, estudio y divulgación de los derechos de niñas, niños y adolescentes y así fortalecer la normativa en cita para que de manera directa se establezca la relevancia que para todos tiene nuestra niñez”.
Derecho a una alimentación nutritiva, suficiente y de calidad, desde la Constitución
Para que el derecho a una alimentación nutritiva, suficiente y de calidad quede constitucionalmente establecido, los diputados Gabriela Pinedo Morales, Héctor Menchaca Medrano y Jesús Padilla Estrada presentaron una reforma a la Constitución Política del estado.
La modificación busca que el estado garantice la disponibilidad de alimentos en cantidad y calidad, nutritivos y de acuerdo a las tradiciones culturales para satisfacer las necesidades alimentarias de las personas.
Además, señalaron que se debe trabajar para que la producción de estos alimentos se lleve a cabo de forma sostenible, garantizando su acceso para las generaciones futuras, por lo que es indispensable que se fortalezca la capacidad del estado para lograr una soberanía alimentaria.
Evitar que los cargos en el Instituto Zacatecano de Transparencia sean “puestos de cuates”
También los diputados Gabriela Pinedo Morales, Héctor Menchaca Medrano y Jesús Padilla Estrada propusieron una modificación al artículo 126 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del estado para que quien presida el Instituto Zacatecano de Transparencia deba tener experiencia profesional y académica en esta materia.
Estas áreas, señalaron, “no pueden ser puestos de cuates ya que son espacios prioritarios para garantizar el derecho humana a la información, así como uno de los pilares de la democracia”.
Por ello, se busca establecer como requisitos que él o la comisionada del instituto tenga un mínimo de tres años de experiencia en materia de acceso a la información pública y protección de datos personales, así como en el desempeño de actividades profesionales, de servicio público o académicas, relacionadas con estos ámbitos.
Además, se proponen candados como la necesidad de que esta persona no haya fungido, durante el año previo a su nombramiento, como titular de alguna dependencia del Estado, Fiscal General de Justicia del Estado de Zacatecas, Diputado local, Gobernador, dirigente de partido político o asociación política y candidato a cargo de elección popular.
Sancionar la matanza clandestina de animales
Con el objetivo de evitar la proliferación de rastros clandestinos donde, además de incumplir las normas sanitarias poniendo en riesgo la salud de los consumidores, también se dan prácticas de maltrato animal, la diputada Gabriela Pinedo Morales y los diputados Héctor Menchaca Medrano y Jesús Padilla Estrada presentaron una iniciativa para reformar el Código Penal del estado.
El tamaño de este problema lo evidenciaron señalando que los propios registros oficiales hablan de que sólo en el municipio de Fresnillo, durante 2018, se localizaron 100 rastros clandestinos.
Entre los cambios propuestos está la adición de los párrafos cuarto y quinto en el artículo 394 para tipificar que “a quien no acate las disposiciones, o no use los métodos e instrumentos establecidos en las leyes y normas para el aturdimiento y matanza de un animal destinado al abasto, se le impondrá de uno a cuatro años de prisión y multa de cuatrocientos a mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización”.
Dentro de este supuesto, se excluye del delito a las personas que se encuentren catalogadas como población en situación de pobreza multidimensional y que practique la matanza de autoconsumo, siempre y cuando el animal sea de su propiedad.
Garantizar un perfil adecuado para los verificadores ambientales
Por su parte la diputada Susana Rodríguez Márquez propuso reformar la Ley del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente del estado con el objetivo de establecer el perfil profesional que deben tener las personas encargadas de realizar las inspecciones en torno al cumplimiento de la norma ambiental.
Actualmente señaló que en la norma se refiere que debe ser “personal autorizado” pero no se especifica la formación ni experiencia que debe tener, por lo que la modificación busca incluir un listado de requisitos como, por ejemplo, la escolaridad mínima de licenciatura o nivel profesional, terminado o pasante, en las disciplinas como Agronomía, Biología, Ciencias Ambientales, Ciencias Forestales, Desarrollo Agropecuario, Ecología, Ingeniería Ambiental, Química o afines”.
Asimismo, se plantea agregar precisiones en cuanto a las materias que deben ya incluirse en los planes de estudio de los niveles de preescolar, primaria, secundaria y media superior.
Modificaciones a la Ley del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Zacatecas
Las y los diputados integrantes de la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política (CRIyCP) propusieron una modificación a la Ley del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Zacatecas para eliminar algunos de los requisitos que se establecen en ella para quienes busquen ser parte de este organismo.
El cambio busca cumplir con una disposición de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, establecida a través de una demanda de acción de inconstitucionalidad, y en la que se considera que deben quitarse varios elementos de esta ley para evitar discriminar a los aspirantes a estos puestos.
La Comisión de Derechos Humanos señala que en estos momentos hay una discriminación hacia “las personas que ya han cumplido su sanción después de haber sido sentenciadas por un delito, o bien, inhabilitadas para ocupar un cargo público. Dichas disposiciones estigmatizan a las personas y les impiden ejercer un cargo público, a pesar de que, se insiste, ya han cumplido la pena impuesta”.
Asimismo, se plantea modificar los artículos transitorios de esta legislación para ajustar los tiempos de su puesta en operación a los del Tribunal de Justicia Laboral Burocrática, los cuales fueron recientemente cambiados a consecuencia de la emergencia sanitaria.
