El etiquetar más recursos para la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) en 2021 y la recuperación de programas sustantivos como el de fomento a la agricultura y la ganadería, y el seguro contra siniestros climáticos fue el objetivo de un exhorto aprobado este martes por la LXIII Legislatura.
El diputado José Guadalupe Correa Valdez propuso esta iniciativa, que fue considerada urgente y avalada por unanimidad, en la que se resalta la disminución de más del 36 por ciento que ha tenido el presupuesto para el campo en este año y la necesidad de que se incremente para el próximo ejercicio.
En el caso del seguro catastrófico, el legislador destacó su importancia señalando que apenas el jueves primero de octubre de 2020 se registraron heladas en varios municipios, las cuales dañaron cultivos de frijol, calabaza y maíz en los campos de Río Grande, Sombrerete, Cañitas de Felipe Pescador, Pinos, Genaro Codina, Villa de Cos, Mazapil y Pánfilo Natera, entre otros.
No obstante, los productores afectados no podrán obtener apoyos porque en el presupuesto 2020 no existe el seguro. Por ello, concluyó que este programa “se convierte en un mecanismo indispensable y es necesario que se reconsidere en el presupuesto 2021 este rubro que, si bien no alivia o resarce el daño en su totalidad, es un paliativo para recuperar algo de la inversión perdida”.
Asimismo las y los diputados también llamaron a incluir, dentro del programa de fomento a la agricultura, la entrega de semillas y fertilizantes a los productores del estado de Zacatecas y, en general, de la región norte del país.
Las y los diputados buscan garantizar la operación de las Escuelas de Tiempo Completo en 2021
Las y los diputados llamaron a los legisladores federales a contemplar en el presupuesto de 2021 recursos para la operación del Programa de Escuelas de Tiempo Completo y también se les solicitó que exhorten a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que entregue a los estados puntualmente el recurso que en el presente año se tiene ya asignado a esta estrategia.
En la iniciativa presentada por la diputada Aída Ruiz Flores Delgadillo se destaca que este programa tiene el objetivo de mejorar el aprendizaje de los estudiantes a través del uso eficiente del horario escolar, además de que implica un apoyo alimenticio para todas las familias y en particular las de escasos recursos.
En este sentido, la legisladora sostuvo que en las Escuelas de Tiempo Completo se incluye al menos un alimento para los alumnos y “estos alimentos desempeñan una función nutricional y educativa importante, ya que contribuyen a la adquisición de hábitos alimenticios sanos y son marco de socialización y convivencia”.
El beneficio del programa, agregó, llega a las y los maestros debido a que con la ampliación de los horarios de quienes se incorporan a este esquema educativo también se incrementan sus ingresos. Los docentes, por tanto, “se benefician al incrementar su percepción económica, con el consiguiente mejoramiento del nivel de vida para sus familias, por lo que es importante preservar este programa”.
Se requiere un presupuesto con visión municipalista; llaman a recuperar fondos para ayuntamientos
Ante la disminución del 4.2 por ciento prevista en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2021 en el Ramo 33, que es el destinado a los municipios a través de diferentes fondos, las y los legisladores llamaron tanto a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión como al presidente de la República Andrés Manuel López Obrador para que se reconsideren algunos de estos planteamientos de reducción presupuestal.
En concreto, el objetivo es que se incrementen algunas partidas como la del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) y el de Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales (FORTAMUN).
Por otro lado, el exhorto busca que se mantengan otros fondos que en la propuesta se eliminan o aparecen sin recursos como el Fondo Metropolitano y el Subsidio para el Fortalecimiento del desempeño en materia de Seguridad Pública (FORTASEG).
El diputado promovente de la iniciativa aprobada por unanimidad, Edgar Viramontes Cárdenas, expuso por ejemplo que con el Fondo Metropolitano que se estaría eliminando para 2021 se había logrado consolidar un incentivo para la coordinación entre ayuntamientos en materia, sobre todo, de obra pública.
Asimismo, resaltó la importancia de otro de los fondos que no tendría recursos el próximo año y que se trata del Fortaseg. En ese tenor, indicó que es gracias a este recurso como los policías municipales han logrado un mayor equipamiento y reiteró que las afectaciones con su desaparición serían para los municipios de Fresnillo, Zacatecas y Guadalupe.
La LXIII Legislatura solicita respetar la ley vigente en la asignación de plazas docentes
Las quejas que han expresado los egresados de las Instituciones de Educación Superior Normales Particulares por considerar que los procesos de asignación de plazas docentes los excluyen llegaron hasta la LXIII Legislatura, donde las y los diputados llamaron a respetar la igualdad de oportunidades y aplicar la legislación actual en la materia.
Las legisladoras integrantes de la comisión legislativa de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación Aída Ruiz Flores Delgadillo, Susana Rodríguez Márquez, María Edelmira Hernández Perea, Alma Dávila Luévano y Perla Guadalupe Martínez Delgado, propusieron la iniciativa aprobada finalmente por el Pleno.
Sostuvieron que con el objetivo de fortalecer a las instituciones públicas de formación de docentes, se le ha dado prioridad, y casi exclusividad, a quienes estudian en las escuelas normales públicas, en la Universidad Pedagógica Nacional y en los Centros de Actualización del Magisterio.
No obstante, consideraron que este hecho “violenta flagrantemente los derechos de todos los aspirantes ya que el proceso muestra bastantes inconsistencias y se vulneran los principios de excelencia y calidad dentro de la reforma de la actual Ley de Educación”.
Por tanto, el exhorto se dirigió al presidente de la República Andrés Manuel López Obrador para que se ajusten los criterios de selección en el proceso de admisión al sistema de educación básica, creando un listado nominal donde se integren todos los puntajes, sin importar las Instituciones de egreso de los aspirantes.
Mientras tanto, también se llamó a la Secretaría de Educación “para que no se otorgue el pase automático a las plazas definitivas, respetando el término de prioridad relacionando el puntaje tanto de instituciones públicas como de particulares en el los procesos de admisión”.
Restricción de movilidad y uso de cubrebocas se incluyen en la ley como medidas sanitarias
La LXIII Legislatura reformó la Ley de Salud para incorporar a la norma, entre otros aspectos, las medidas sanitarias necesarias en caso de una emergencia como la actual y la posibilidad de imponer sanciones a quienes incumplan estas disposiciones.
Las modificaciones, derivadas de una iniciativa presentada por la diputada Susana Rodríguez Márquez, introducen en la ley la facultad del Estado, en caso de ser necesario, de “establecer restricciones a la movilidad urbana, y mediante reglas administrativas de carácter general, declarar obligatorios el uso permanente de protectores visual, bucal y facial y, en su caso, establecer sanciones equiparables a la desobediencia civil”.
Asimismo, también se contempla que por razones de interés público, se podrá restringir la movilidad urbana en toda la entidad, por regiones o por municipios en todo tipo de vehículos, ya sean colectivos, unidades de transporte de personal, recreativo o turístico, individual o de taxi convencional o a través del uso de plataformas digitales.
Modifican los mecanismos de integración paritaria de la legislatura y los ayuntamientos
Para garantizar la paridad de género en la integración de la legislatura del estado y en los ayuntamientos, las diputadas y diputados modificaron diversas disposiciones de la Ley Electoral del Estado, la Ley Orgánica del Instituto Electoral y la del Tribunal de Justicia Electoral, así como la Ley del Sistema de Medios de Impugnación.
Los cambios aprobados fueron propuestos por los diputados Gabriela Pinedo Morales, Héctor Menchaca Medrano y Jesús Padilla Estrada y con ellos se incorporan a estas normas mecanismos para que tanto la legislatura como los ayuntamientos se integren de forma paritaria.
En el dictamen avalado se refiere que la reforma cambia “el procedimiento de asignación de las diputaciones locales y regidurías por el principio de representación proporcional” y en el trabajo en comisiones se hicieron una serie de ajustes de forma y redacción, pero los cuales no afectaron al fondo de la iniciativa.
Se amplían las modificaciones para combatir la violencia política contra las mujeres
La LXIII Legislatura modificó la legislación para continuar ampliando el marco normativo que combate la violencia política en contra de las mujeres. Para ello, se reformaron la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la Ley Electoral, las leyes orgánicas del Instituto Electoral, del Tribunal de Justicia Electora y de la Fiscalía General de Justicia.
Asimismo, se hicieron cambios en la Ley del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral, en la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del estado, en la del Servicio Civil, en la Ley para Prevenir y Erradicar toda forma de discriminación y la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos.
El dictamen aprobado incluye las iniciativas presentadas por los diputados Gabriela Pinedo Morales, Jesús Padilla Estrada y Héctor Menchaca Medrano, así como por el legislador Eduardo Rodríguez Ferrer.
Además, se presentó una reserva por parte de la diputada Perla Martínez Delgado con el objetivo de incluir en los antecedentes del dictamen una iniciativa presentada por la legisladora en el mismo sentido del dictamen. Además, planteó modificar uno de los artículos para dar un plazo para la dictaminación de su planteamiento. La reserva fue aprobada por el Pleno.
Entre los cambios están la inclusión de la definición de violencia política contra las mujeres por razones de género en la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el estado y también en la Ley Electoral.
Además, en este última ley se establece el requisito para postularse como diputada o diputado el no haber estado condenado por este delito, mientras que también se prohíbe el uso de mensajes en la propaganda política que pudieran constituir violencia por razones de género.
En la Ley del Instituto Electoral del Estado se establece la facultad de este organismo de promover la no violencia contra las mujeres en el ejercicio de sus derechos políticos y electorales, además de la obligación de incorporar la perspectiva de género en el monitoreo de las campañas y precampañas.
Dictámenes de denuncias presentadas por integrantes de varios ayuntamientos
Este martes se aprobaron los tres dictámenes presentados el pasado primero de octubre relacionados con denuncias presentadas por los integrantes de varios ayuntamientos en contra de los alcaldes.
Tras el aval del primero de ellos se ordenó al ayuntamiento de El Salvador que convoque a una sesión de cabildo para designar al contralor municipal después de que tres regidores denunciaran al presidente municipal de omisiones en este nombramiento.
También se aprobó la improcedencia de la denuncia presentada por la síndica y siete regidores del ayuntamiento de Pánuco, en la que señalaron a dos asesoras del alcalde de haber usurpado sus funciones.
En tercer lugar, se aprobó el archivo definitivo de la denuncia presentada por la síndica y siete regidores de la capital en contra del alcalde por presuntas irregulares en la sesión de cabildo del 30 de agosto de 2019, ya que la reunión se suspendió sin haber terminado el orden del día. No obstante, las y los diputados declararon que la actuación del presidente municipal estuvo acorde a la legalidad y por ello se archivó el caso.
Se rechazan las modificaciones al Reglamento del Poder Legislativo
Con 16 votos en contra y 10 a favor se rechazó el dictamen presentado por la comisión de Estudios Legislativos y Prácticas Parlamentarias para modificar el Reglamento del Poder Legislativo en relación a la transmisión en vivo de las sesiones de las comisiones legislativas y de la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política.
La adición establecía que “las reuniones podrán ser transmitidas en tiempo real en la página oficial de la Legislatura, previo acuerdo de los integrantes de la Comisión; para ello, deberán solicitar a la Secretaría General, por lo menos con 48 horas de anticipación, la implementación de las condiciones técnicas y materiales para que se lleve a cabo dicha transmisión”.
Se regresa a comisiones el dictamen de reformas al Reglamento del Poder Legislativo
Con 16 votos a favor y 9 en contra el dictamen de la comisión de Estudios Legislativos y Prácticas Parlamentarias que proponía reformar el Reglamento del Poder Legislativo para establecer los lunes y miércoles como días preferentes para las sesiones ordinarias, en lugar de los martes y jueves, fue devuelto a comisiones.
El diputado Pedro Martínez Flores presentó una moción de suspensión de la discusión ya que consideró que la redacción actual de la norma no hace necesaria su modificación.
Javier Calzada Vázquez, quien propuso la iniciativa con los cambios del dictamen, así como Héctor Menchaca Medrano, Omar Carrera Pérez y Emma Lisset López Murillo hablaron en contra de este planteamiento y defendiendo que el dictamen fuera sometido a votación.
Ratifican a la secretaria de la Función Pública
El Pleno de la LXIII Legislatura, con 25 votos a favor, uno en contra y una abstención, ratificó el nombramiento de Gabriela Rodríguez Rodríguez como nueva secretaria de la Función Pública al aprobar el dictamen presentado por la comisión legislativa del Sistema Estatal Anticorrupción.
Las y los integrantes de este órgano legislativo señalaron que la nueva titular de la dependencia reúne los requisitos exigidos por la ley para desempeñar el cargo que, por otro lado, ya ejerce desde el pasado 15 de septiembre por el nombramiento que le otorgó el gobernador Alejandro Tello.
En la discusión en lo general, el diputado Omar Carrera Pérez se inscribió para hablar en contra del dictamen que al final fue aprobado por la mayoría de la Asamblea.
INICIATIVAS
Solicitan separar del cargo al alcalde y la síndica de Mazapil
Este martes se leyó en el Pleno de la LXIII Legislatura un comunicado de la Fiscalía General de Justicia del Estado en el que se solicita a las y los diputados que inicien el procedimiento para separar de su cargo al alcalde y a la síndica del ayuntamiento de Mazapil.
Esto, debido a que están siendo sujetos de una investigación por los presuntos delitos de peculado y en contra de la Ley de Contabilidad Gubernamental. El documento fue enviado a la Comisión Jurisdiccional para su análisis y dictaminación.
Garantizar actualización académica de las corporaciones policiales
La diputada Aída Ruiz Flores Delgadillo presentó una iniciativa relacionada con la actualización académica de los elementos policiales de las distintas corporaciones de seguridad del estado.
El objetivo es exhortar al gobierno estatal y en concreto al secretario de Seguridad Pública para que se implementen las acciones necesarias que permitan a los agentes de la Policía Estatal, la Policía Metropolitana, la de Seguridad Vial y la Policía Penitenciaria acceder a la educación Media Superior y Superior.
De esta forma, consideró que se mejorarían los estándares de seguridad por la mayor capacitación y profesionalización de todas las corporaciones.
Ampliar el mes del testamento por la emergencia sanitaria
También la diputada Aída Ruiz Flores Delgadillo propuso hacer otro llamado en este caso a la Coordinación General Jurídica y a la Dirección de Notarías para que se amplíen los descuentos en el trámite de elaboración de testamentos que se otorgan regularmente en septiembre, para que se apliquen durante todo el mes de octubre.
Esto es necesario, consideró, debido a las medidas sanitarias que están todavía vigentes por la emergencia provocada por el Covid-19 como el cierre de oficinas y el aislamiento social, y las cuales no han permitido un acceso total a los beneficios.
Pleno Ejercicio de los Derechos de las Mujeres
Con el objetivo de subsanar los huecos que tiene el Código Penal para el Estado de Zacatecas y la Ley del Servicio Civil del Estado de Zacatecas, a fin de garantizar el pleno ejercicio de los derechos de las mujeres, modificando diversos numerales en los citados ordenamientos, la diputada Susana Rodríguez Márquez presentó una iniciativa que busca contribuir en la erradicación de todas las expresiones de la violencia, robustecer el marco jurídico para el fortalecimiento de las acciones, apoyar a las víctimas y sancionar de manera ejemplar cualquier tipo de violencia de género y familiar.
En el Código Penal, en materia de violencia familiar, se propone modificar las penas elevando los años de prisión, así como las multas que ya se contemplan en nuestro Código Penal, a fin de que la punibilidad para el delito de violencia familiar tenga un mayor peso y se persiga de oficio. En la Ley del Servicio Civil del Estado de Zacatecas, se establece que así como está considerado el acoso laboral, se contemple el acoso y hostigamiento sexual, a fin de que estas conductas sean sancionadas ya sea administrativamente o hasta la recisión de la relación de trabajo.
Posibilidad de laborar y estudiar, para elementos de Seguridad Pública
Tras reconocer la pretensión que existe en nuestra entidad, de continuar con la educación de manera que todos los sectores zacatecanos estén actualizados en sus niveles académicos y así poder desempeñar mejor la función de todos los rubros, la diputada Aida Ruiz Flores Delgadillo, planteó ante la Asamblea una Iniciativa que propone reformar el artículo 58 de la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública de Zacatecas.
La propuesta busca concretamente que los elementos policiales estén cada vez más actualizados en conocimientos básicos y especializados para así tener una corporación más capacitada y a la vez brindar mayor seguridad a los zacatecanos, por lo que propone establecer en el ordenamiento, que los elementos policiales concluyan sus estudios de preparatoria en una modalidad abierta, toda vez que les permita laborar y estudiar al mismo tiempo. Y que una vez terminada la educación media superior puedan ingresar a la educación superior y seguir profesionalizándose.
Incorporación del delito de Defraudación al régimen de Seguridad Social
En la máxima tribuna de la entidad, el diputado José Juan Mendoza Maldonado, recordó ante los asistentes, que las cuotas de seguridad social tienen su origen en el artículo 123, fracciones XVI y XXIX de la CPEUM, y su destino es financiar el otorgamiento de prestaciones en beneficio de los derechohabientes (afiliados y beneficiarios). Por lo anterior, es que el legislador reconoció que al ser el ISSSTEZAC el instrumento para su otorgamiento, estas cuotas y aportaciones forman parte de su patrimonio: de ahí que se deben endurecer las sanciones a los entes públicos que incumplan en su pago.
Por lo que al reconocer que el ISSSTEZAC tiene facultades en término de la ley, como organismo fiscal autónomo, para buscar la efectiva entrega de estas cuotas y aportaciones, el diputado Mendoza Maldonado, propuso ante el Pleno reformar el artículo 141, y adicionar un artículo 141 bis a la Ley de ISSSTEZAC, a fin de incorporar el delito de defraudación al régimen de seguridad social, considerado este tipo penal en el catálogo de delitos no tipificado en el código punitivo del estado.
En el tipo penal que se propone, el sujeto activo que materializa el ilícito y en quien recae la conducta típica, es el titular del órgano público o cualquier servidor público que legal y orgánicamente esté obligado a enterar las cuotas o aportaciones al organismo administrador de pensiones. El sujeto pasivo es el ISSSTEZAC, el trabajador afiliado y sus beneficiarios (derechohabientes).
El bien jurídico tutelado con este tipo penal es el derecho social de los trabajadores a tener una pensión digna, que se garantice un retiro jubilatorio justo, y desde luego, una institución que durante la vida activa del trabajador le otorgue las prestaciones en especie y en dinero a que tiene derecho. La punibilidad que se propone con este tipo penal tiene como objetivo aplicar un castigo apropiado a quien exterioriza la conducta ilícita, buscando persuadir a otros servidores públicos de que no realicen conductas violatorias a la norma, así como también evitar su reincidencia.
Creación de la figura de Contraloría en los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado
Con el objetivo de garantizar el eficiente y transparente manejo de recursos, estableciendo en la ley la obligatoriedad de que el Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Zacatecas cuente con la figura de la Contraloría Municipal, con sus respectivas atribuciones y obligaciones, el diputado Pedro Martínez Flores propuso una Iniciativa de reforma a la ley en la materia, a fin de mantener la vigilancia, el control interno, la supervisión y la evaluación de los recursos así como el eficiente funcionamiento administrativo de este organismo descentralizado.
Reconoció el legislador, que los sistemas han sido cuestionados por el deficiente manejo de recursos públicos, la transparencia y la rendición de cuentas, así mismo se han presentado discrepancias estructurales, normativas y facultativas, por lo que consideró, la administración pública requiere de instrumentos de evaluación que le provea de información a fin de advertir riesgos en el ejercicio de recursos públicos y mejorar su aplicación, con el único propósito de erradicar prácticas de corrupción.
Recomendaciones Vinculantes del Comité Estatal Anticorrupción
Los diputados Héctor Adrián Menchaca Medrano y Jesús Padilla Estrada, así como la diputada Gabriela Evangelina Pinedo Morales, propusieron ante sus homólogos una Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman la fracción X del artículo 10, la fracción XV del artículo 24, la fracción VII del artículo 36, el artículo 70 y el artículo 72 de la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción de Zacatecas, a fin de a establecer dentro de las facultades del Comité Coordinador la emisión de recomendaciones vinculantes.
Por ello, se establecerá que el Comité Coordinador podrá emitir recomendaciones vinculantes a los Entes Públicos, las cuales deberán ser públicas y de carácter institucional, y estarán enfocadas a garantizar la adopción de medidas efectivas dirigidas al fortalecimiento institucional para la prevención de faltas administrativas y hechos de corrupción, así como para mejorar el desempeño del control interno, el fortalecimiento de los procesos, mecanismos, organización, normas y demás acciones que estime convenientes. Asimismo, establecer en su artículo 72 de la Ley en comento que el Comité denunciará al o los servidores públicos ante la autoridad correspondiente que hagan caso omiso de dicha recomendación, para que a su vez estos sean sujetos de responsabilidad penal o administrativa, en los términos de las leyes en la materia.
