Es fundamental que todos los entes públicos emitan ordenamientos que garanticen el acceso de sus trabajadores a una vida libre de violencia dentro del servicio público.
Así lo consideraron las y los legisladores de la LXIII Legislatura local y, por ello, llamaron a la Auditoría Superior del Estado para que a la brevedad elabore su propio protocolo para prevenir, atender y sancionar el acoso y el hostigamiento sexual.
Los diputados recordaron que ya la Legislatura desde el año pasado puso en marcha un documento de estas características y resaltaron la necesidad de que también la auditoría contribuya con este protocolo a erradicar la impunidad que existe en torno a los casos de acoso y hostigamiento sexual.
Sólo de esta forma, señalaron, se garantizará “que el personal que labora en la institución tenga acceso a un mecanismo de protección de sus derechos humanos, en caso de presentarse alguna conducta que normalice la violencia y la discriminación, y perpetúe la existencia de relaciones desiguales de poder entre mujeres y hombres”.
Este punto de acuerdo fue presentado por las diputadas integrantes de la comisión de Igualdad de Género María Isabel Trujillo Meza, Navidad Rayas Ochoa y Mónica Leticia Flores Mendoza.
Tras ser considerado como urgente, el Pleno de la asamblea lo aprobó.
Por tanto, la auditoría deberá emitir este protocolo en un plazo máximo de 30 días hábiles y, posteriormente, informar del cumplimiento de este exhorto tanto a la comisión legislativa de Igualdad como a la de Vigilancia.
