La senadora Geovanna Bañuelos de la Torre solicitó a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), a través del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, informar sobre los efectos que ocasionó la pandemia por Covid-19 en la atención médica de las personas privadas de su libertad que se encuentran en los centros penitenciarios del país.
Asimismo, pidió un informe pormenorizado sobre los tratamientos y estudios que fueron suspendidos debido a las medidas de distanciamiento por la contingencia sanitaria, así como la estrategia y medidas que se llevarán a cabo para garantizar el acceso a la salud de las personas recluidas en las cárceles del país.
“No podemos ser ajenas ante la situación de salud que guardan las personas privadas de su libertad en los centros penitenciarios. Con la llegada del semáforo epidemiológico en verde, es momento de conocer y actuar en beneficio de ellas”, mencionó.
Mediante un punto de acuerdo presentado al Senado de la República, la coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo exhortó a la Secretaría de Salud a trabajar en coordinación con la SSPC para llevar a cabo campañas de realización de estudios de mastografía y papanicolaou para las mujeres que se encuentran privadas de su libertad en los centros penitenciarios de todo el país, garantizándoles su derecho a la salud.
Geovanna Bañuelos señaló que con el inicio de la pandemia, la situación de las personas en todo el mundo cambió, pero en particular el de las personas privadas de su libertad porque incrementó la incertidumbre debido a las condiciones de sobrepoblación y falta de acceso a insumos de limpieza, cuidado, higiene y protección personal.
“De acuerdo con cifras aportadas en el último reporte del Cuaderno Mensual de Información Estadística Penitenciaria Nacional, Septiembre 2021, la población total de personas privadas de su libertad es de 222 mil 600, de las cuales 209 mil 987 son hombres y 12 mil 613 mujeres”, destacó.
La representante por Zacatecas aseveró que la pandemia por Covid-19 vino a agudizar los problemas de la salubridad del sistema penitenciario, la cual ya antes era precaria y profundamente negligente.
Las personas recluidas se enfrentan a carencia de personal médico y medicamentos especializados, sobrepoblación, hacinamiento, lo que al conjuntarse con factores de riesgo como una deficiente alimentación y condiciones de vida digna, ausencia de limpieza, agua potable, materiales desinfectantes, déficit de espacios humanamente habitables y de instalaciones sanitarias suficientes y adecuadas, los convierte en población penitenciaria mayormente susceptible de contagio y propagación del virus Covid-19.
En el caso específico de las mujeres privadas de su libertad, la líder petista enfatizó que es necesario replantear la precariedad en la que se encuentran y la urgente necesidad de atender mejores condiciones tanto de salud como de vida.
“En el Grupo Parlamentario del Partido Trabajo alzamos la voz por las mujeres privadas de libertad, dejemos de estigmatizarlas y peor aún, olvidarlas. Es prioritario que las mujeres reciban atención oportuna, seguimiento y sobre todo monitoreo en su salud. Además, las personas privadas de su libertad tienen los mismos derechos que todas. Garanticemos y promovamos su derecho humano a la salud”, enfatizó Geovanna Bañuelos.
El punto de acuerdo fue turnado a la Comisión de Seguridad Pública para su análisis y posterior dictaminación.
