Debido a actos de corrupción, ocho ex trabajadores del gobierno estatal, de la pasada administración, fueron inhabilitados, confirmó Humbelina Elizabeth López Loera, titular de la Secretaria de la Función Pública (SFP) estatal.
En conferencia de prensa, precisó que estas sanciones acumulan 171 años de inhabilitación del servicio público y afirmó que, en esta nueva gobernanza, no se permitirán la corrupción ni impunidad, como lo asumió el Gobernador David Monreal Ávila al inicio de la actual administración, de combatir estos flagelos de maneras permanente, frontal y sin tregua, como eje transversal de transformación.
Humbelina López señaló que, a efecto de revertir la impunidad que se arrastra desde los gobiernos del pasado, los cuales “crearon su propio manto protector”, en la actual administración la SFP estatal ha trabajado en tareas de investigación de irregularidades que lleven a sanciones y emitir sentencias justas contra las y los responsables, apegadas en todo momento al marco del derecho.
Acompañada por los subsecretarios Víctor Hugo Hernández Reyes y Ángel Manuel Muñoz Muro, explicó que, como resultado de este proceso, se han encontrado, entre otras anomalías, expedientes de casos de corrupción e impunidad en temas como la construcción de la Presa Milpillas o relacionados con la Universidad Politécnica del Sur de Zacatecas, con gastos millonarios sin comprobar.
También, se han detectado “aviadores”, viajes desmedidos, expedientes que fueron archivados por funcionarios públicos durante el sexenio del ex Gobernador Miguel Alonso Reyes, quienes, según lo indicado por las instancias fiscalizadoras del recurso, “despilfarraron, saquearon y robaron sin contemplación y miramiento alguno al erario público, que es propiedad de la sociedad zacatecana”.
Humbelina López dejó en claro que esas funcionarias y funcionarios provocaron una serie de prescripciones que se investigaban por el robo del erario, lo que impidió que se sancionara a las y los presuntos responsables, de acuerdo con la Ley de Responsabilidades Administrativas.
Detalló que estos actos de corrupción representan un daño al erario por 593 millones 72 mil 056 pesos; es por ello que, desde la SFP se actuó para que las acciones dolosas no quedaran impunes, lo que derivó en resoluciones de inhabilitación a las y los responsables de estos actos, lo que les impide ocupar en lo inmediato un cargo público.
López Loera mencionó que las acciones acumuladas hasta hoy ascienden a 171 años y 17 días de inhabilitación, y corresponden a ex servidoras y ex servidores públicos de la administración del quinquenio del ex Gobernador Alejandro Tello Cristerna, propiamente por las faltas señaladas con antelación.
Desglosó que el sancionado 1 corresponde a 34 años de inhabilitación; sancionada 2, 30 años con 4 meses y 14 días; sancionada 3, 27 años con 2 meses y 13 días; sancionada 4, 24 años y 12 días; sancionada 5, 20 años con 11 meses y 20 días; sancionada 6, 17 años con 6 meses; sancionado 7, 16 años y 10 días; y sancionado 8, un año, sanciones que fueron impuestas mediante sentencias dictadas por la SFP.
La Secretaria de la Función Pública añadió que, con relación a los expedientes en los que se dejó de actuar, de manera ilegal, quienes tuvieron la responsabilidad de investigar y sancionar los actos de corrupción, no lo realizaron; en su lugar, archivaron los expedientes, lo que propició que imperara la impunidad en el estado de Zacatecas.
Estas prescripciones derivan de 25 expedientes enviados por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), cuatro por la Secretaría de la Función Pública Federal y cinco por quejas y denuncias emitidas por la Auditoría Superior del Estado (ASE), mismas que contenían, entre otras irregularidades, pagos excesivos en contratos, incumplimiento en las aportaciones estatales y municipales convenidas en el incumplimiento de las disposiciones en materia fiscal.
Asimismo, se hallaron irregularidades en cuanto a la guarda y custodia de documentos, falta de diversos recibos de pagos y documentación comprobatoria de ingresos, pago de nómina a personas en el sector salud que no acreditaron contar con una plaza de trabajo, incumplimiento a las disposiciones para convenios y otorgamiento de subsidios
Estos hechos prescribieron, explicó Humbelina López, debido a que las y los ex trabajadores decidieron no realizar la función que el Estado les confirió, para estos ejercicios del gasto durante el sexenio de Miguel Alonso Reyes y que la sociedad zacatecana conoció como actos de corrupción que nunca fueron sancionados por el Gobierno de Alejandro Tello.
Subrayó que se construyeron obras improductivas que en nada beneficiaron a la sociedad zacatecana, ejemplo de ello son las millonarias glorietas en la entrada de los municipios o el Centro Cultural de la Toma de Zacatecas, un “elefante blanco” que costó 380 millones de pesos a la sociedad zacatecana.
La Secretaria de la Función Pública recordó que la deuda pública al inicio del sexenio de Miguel Alonso era de 650 millones de pesos y, al finalizar el mandato, era de 7 mil 674 millones de pesos.
Por ello, dijo, con la inhabilitación inmediata de estas funcionarias y funcionarios, desde la Secretaría de la Función Pública, “reafirmamos nuestro total compromiso con hechos de esta nueva gobernanza, con su compromiso total y frontal en el combate a la corrupción y de cero tolerancia a la impunidad”.
Estas acciones, recalcó Humbelina López, tienen el anhelado objetivo del Gobernador David Monreal Ávila de lograr la transformación del estado, con mejores prácticas de la administración pública y, sobre todo, del buen uso de los recursos públicos.
“Hoy y siempre, no solaparemos actos de corrupción e impunidad. No permitiremos el abuso en el servicio público para beneficio personal… No daremos ni un paso atrás en el combate a la corrupción y, para esta nueva gobernanza, la administración será combatir la corrupción y no quedará en el discurso”, remató.
