Concepción del Oro, Zac.- Bajo el amparo de la ilegalidad, la Policía Ministerial del Estado de Zacatecas detuvo y puso a disposición del Ministerio Público, con sede en este municipio, a dos ejidatarios encabezados por Mónico Morquecho Aguilar.
El abogado Alfonso Herrera, ex magistrado del Tribunal de Justicia del Estado (TJE), informó que la empresa canadiense Gold Corp de la minera Peñasquito, ha incumplido con los acuerdos firmados con los ejidatarios de las comunidades de Cedros, Charcos, Mesas, Nuevo Peñasco y Palmas Grandes.
Lo anterior, mientras sostenían bloqueada la entrada de la mina ubicada en el municipio de Mazapil, Zacatecas, acudieron elementos de de la Policía Ministerial, encabezados por la ex diputada federal por Chiapas, Patricia Aguilar, subsecretaria del gobierno del estado y detuvieron, sin ninguna orden judicial a dos de los líderes del movimiento.
El abogado dijo que entre los compromisos incumplidos de la empresa y que motivaron a la movilización, fue que no les han pagado el Procampo, al provocar que las minas hoy sean tierras improductivas.
La Compañía Minera Peñasquito no generó los empleos a que se comprometió, ni tampoco invirtió para que se regeneraran los ecosistemas del ejido y sus anexos. Aunado a ello, no pagó financieramente lo establecido en el “Contrato de ocupación temporal”.
Alfonso Herrera dijo que esta mañana, mediante un operativo absolutamente ilegal, sin citatorio ni orden de presentación ni aprehensión, son retenidos y violentados sus derechos humanos y consignados al Ministerio Público con sede en Concepción del Oro.
Acusó que con lujo de prepotencia la funcionaria estatal Patricia Aguilar amenazó a los ejidatarios que sostenían el movimiento y dijo que “el gobernador (Miguel Alonso) le había encargado someter a los ejidatarios que protestaran en contra de la Compañía Minera Gold Corp Peñasquito”.
Denunciamos al secretario general de gobierno, Francisco Escobedo Villegas, de ser quien giró instrucciones precisas sobre la represión a la manifestación y favorecer a la ilegalidad de la que la empresa hace gala.
En ese aspecto, “hacemos responsable a Patricia Agilar y al secretario general de gobierno de atentar contra la integridad y la vida de los dos detenidos ilegalmente, así como posibles actos de represión y amenaza contra los habitantes de las comunidades de Cedros, Charcos, Mesas, Nuevo Peñasco y Palmas Grandes”, afirmó el abogado defensor de los ejidatarios.
Subrayó que el Ejército Mexicano acudió al lugar y tomó nota de que no estaban en peligro el polvorín y se les permitió el acceso a los explosivos del área de la mina, al confirmar que no se estaba en la ilegalidad federal.
Una vez que fueron detenidos, la Agente del Ministerio Público, informó que “el delito grave” por el cual son acusados los detenidos, es el de extorsión y otros delitos menores.
La secretaría de Gobernación (gobierno federal) ya tiene información de todos los acontecimientos e incluso ya está asentada una reunión de trabajo en dicha dependencia para el jueves 30 de enero del año en curso.
En la reunión a la que convoca el gobierno federal y solicitada por los ejidatarios, contará con la presencia de representantes ejidales del municipio de Mazapil.
La problemática provocada por la conducta e incumplimiento constante y reiterado de la compañía minera Peñasquito S.A. de C.V. deja ver que es una empresa “socialmente irresponsable”, afirmó Alfonso Herrera.
